Decenas de activistas colombianos piden tutela judicial para obligar al Congreso a aplicar el acuerdo de paz

Los demandantes han denunciado que, "a solo 20 días de que termine la vigencia del procedimiento legislativo de vía rápida (el llamado 'fast track'), solo se han aprobado un 18 por ciento de las leyes necesarias para la implementación del acuerdo de paz".

En su opinión, el acuerdo sobre la reforma rural "evidencia los mayores retrasos", aunque también han criticado la tardanza del Congreso en aprobar el reglamento para poner en marcha la justicia transicional, lo cual "genera inestabilidad jurídica a quienes han optado por dejar las armas para ingresar en el campo político".

"Las dilaciones, maniobras y actuaciones negligentes de un sector del Congreso han conllevado a un estancamiento del proceso de aprobación normativa, lo cual genera incertidumbre entre los ex combatientes y descrédito para el Estado colombiano y constituye una amenaza para la consolidación de la paz", han argumentado.

"Exigimos al Congreso dejar de jugar con el futuro de la paz", han espetado y han instado a los legisladores a "asistir a todas las sesiones y cumplir con los deberes asignados por sus electores, la ciudadanía y la Constitución" para aprovechar al máximo el 'fast track', que expira el 30 de noviembre.

Tras esta fecha, el Congreso podrá seguir convirtiendo en leyes los acuerdos de paz pero será más lento y el Gobierno de Santos, cuyo mandato concluye el próximo año, quiere blindar los texto de La Habana para impedir que su sucesor pueda tumbar lo pactado con las FARC.