La CNDH pide investigar la ejecución de cuatro personas a manos de las fuerzas de seguridad en 2014

"La comisión ha constatado que la detención de las víctimas fue ilegal y arbitraria, en razón de que no existió orden de aprehensión en su contra, caso de urgencia o flagrancia que legitimara la acción de los servidores públicos", ha indicado la CNDH en un comunicado.

En este sentido, el documento señala que "se ha acreditado que todas las corporaciones de seguridad que operaban en la región negaron su participación en los hechos y reiteraron desconocer el paradero de las víctimas (...) hasta el 29 de octubre de ese mismo año, cuando fueron encontrados los cuerpos sin vida de quienes resultaron ser los cuatro desaparecidos".

Según las autoridades, los hechos habrían tenido lugar el 13 de octubre, y las víctimas presentaban "traumatismos craneoencefálicos con fractura de cráneo producido por un proyectil de arma de fuego".

"La detención arbitraria de las víctimas, perpetrada por servidores públicos, configura un elemento probatorio de que se produjo una desaparición forzosa de cuatro personas", ha explicado el organismo mexicano.

"Tras analizar el caso, este organismo contó con elementos que permiten determinar las violaciones a los Derechos Humanos, a la libertad, la integridad y seguridad personal, así como a la legalidad, a la seguridad jurídica y al derecho a la vida en perjuicio de las cuatro víctimas directas", ha afirmado la CNDH.

"Esta situación aún continúa siendo investigada y pendiente de determinar por el Ministerio Público Federal", ha añadido. El organismo estatal ha insistido en que "también tendrá que ser investigada la actuación de los elementos de la Policía Federal que presenciaron la detención, pero no la registraron ni información a sus superiores".

En el marco de la creciente ola de violencia que azota el país desde hace varios años, diversas fuerzas de seguridad han sido acusadas de haber cometido abusos y violaciones de los Derechos Humanos, que irían desde detenciones arbitrarias a ejecuciones.

En 2016, la CNDH aseguró que había hallado indicios de que las fuerzas de seguridad habían ejecutado extrajudicialmente a 22 de las 42 personas que murieron en un supuesto enfrentamiento armado en el estado Jalisco, en el occidente del país.