Amnistía tilda de "insulto a la justicia" la condena a 32 años de cárcel contra un activista en Burundi

"La errónea condena y sorprendentemente excesiva pena de cárcel contra Germain Rukiki viola sus derechos y es un insulto a la justicia", ha dicho el subdirector de AI para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos, Seif Magango.

En su comunicado, ha resaltado que el activista "no ha cometido ningún crimen" y que "es perseguido por atreverse a hablar sobre las violaciones de los Derechos Humanos en Burundi".

"Esta condena, fundamentada en una serie de cargos inventados por las autoridades, debe ser anulada", ha manifestado Magango, antes de reclamar la "liberación inmediata" del activista.

Rukiki trabaja para la Asociación de Juristas Católicos de Burundi (AJCB) y fue miembro de la Asociación de Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT-Burundi), que fue ilegalizada por el Gobierno en noviembre de 2015.

Tras su sentencia, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) afirmó que "es la más dura en la historia contra un defensor de los Derechos Humanos en Burundi". "Las autoridades continúan su campaña de terror a pocos días del referéndum", subrayó.

Burundi celebrará el 17 de mayo un referéndum constitucional que incluye el aumento de años del mandato presidencial de cinco a siete, limitando a dos el número de mandatos.

Sin embargo, las enmiendas no afectarían al actual mandatario, Pierre Nkurunziza, que lleva en el poder desde 2005 y podría volver a presentarse a las elecciones.

Dicha consulta, que también contempla la reintroducción del cargo de primer ministro y la reducción de dos a uno del número de vicepresidentes, podría permitir al presidente de Burundi volver a presentarse a los comicios a pesar de encontrarse ya cumpliendo un controvertido tercer mandato.

De aprobarse el referéndum, Nkurunziza podría ampliar su mandato hasta 2034 dado que las enmiendas no afectarían a los mandatos anteriores.

La tensión ha aumentado en el país desde 2015, cuando Nkurunziza anunció su controvertida decisión de seguir al frente del país durante un tercer mandato, lo que la oposición tildó de inconstitucional.

La oposición aseguró que su reelección violaba los términos del acuerdo de paz que se firmó en 2005 tras doce años de guerra civil. Este acuerdo de paz incluía reformas en el Ejército, que fue absorbido por los rebeldes, de mayoría hutu, y que había sido dirigido por la minoría tutsi.

El Gobierno insiste en que no hay preferencias étnicas, pero sus oponentes aseguran que los distritos de Buyumbura en donde viven la mayoría de los tutsi, que también han sido un semillero de protestas contra Nkurunziza, han sido objetivos de varios ataques.

Las autoridades burundesas han acusado en reiteradas ocasiones en los últimos meses a la ONU de tomar partido y denunciar de forma interesada los supuestos abusos cometidos por el partido gobernante y las fuerzas de seguridad.

Desde 2015, más de 400.000 refugiados y solicitantes de asilo han abandonado el país huyendo del conflicto, los abusos de los Derechos Humanos y el deterioro de la situación humanitaria.