El Supremo cita mañana al expresidente del PP en Cartagena para comprobar la coartada de Barreiro

El objetivo es comprobar si, tal y como manifestó la parlamentaria el pasado día 15 de enero, estaba previsto que el PP pagara uno de los contratos cuestionados en esta investigación, dirigido a mejorar su reputación en redes sociales, y que nunca llegó a firmarse. Celdrán ha sido también presidente de la Asamblea Regional de Murcia.

Durante su declaración como imputada ante la juez Ferrer, Barreiro negó haber cometido ninguna irregularidad en los conciertos que entabló con empresas de Alejandro de Pedro --considerado el conseguidor de la trama Púnica-- para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.

Sobre el contrato reputacional, la defensa de Barreiro en el Supremo señaló que "no llegó a terminarse y que iba a pagar el partido, por lo que no hay ningún delito en nada". Insistió en que "no hubo pago con dinero público alguno".

A Barreiro se le imputan presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama de corrupción Púnica.

La Fiscalía se posicionó a favor de investigar a Barreiro en el Supremo después de que el exjuez de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco --que estuvo investigando el caso Púnica hasta que fue ascendido a la nueva Sala de Apelaciones de este órgano judicial--, remitiese una exposición razonada al alto tribunal debido a la condición de aforada de Barreiro.

En su auto de apertura de la investigación, el Tribunal Supremo ya considera que los hechos atribuidos a la senadora "son susceptibles de ser calificados como constitutivos" de cinco delitos.

USO IRREGULAR DE DINERO PÚBLICO

En la exposición razonada del entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 se subrayaba también que la senadora del PP presuntamente sufragó con dinero público trabajos particulares como la limpieza y cuidado de su reputación en redes sociales y la creación de un diario digital que emitiese informaciones favorables.

Así, entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como "campaña de publicidad Turismo Cartagena" por 4.840 euros --que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención--. Posteriormente, De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, también imputado en este caso.

El juez Velasco afirmó en su exposición que la exalcaldesa conservadora participó directamente en el diseño del plan que ocasionaría un perjuicio económico a la Administración autonómica contando con el consentimiento de su personal de confianza en el Ayuntamiento, Francisco Ferreño y María del Mar Conesa, quienes pese a no haber compartido alguna de las decisiones personales de Barreiro, la apoyaron y encubrieron "enmascarando" el procedimiento para la obtención de fondos del presupuesto de Educación.