Justicia reparte seis millones entre comunidades autónomas para la gestion electrónica de asuntos judiciales

Según la nota de prensa recogida por Europa Press, la distribución de este crédito, así como los criterios de reparto del mismo se acordaron en el Pleno de la última Conferencia Sectorial celebrada el pasado día 26 de julio, así como la litigiosidad registrada durante el pasado ejercicio y la planta judicial actual.

Las comunidades autónomas a donde más recursos se destinan son, por este orden, Andalucía, con 1.3 millones; Cataluña, con 1.12 millones; y Madrid con algo más de 1 millón, que copan más de la inversión total. Por contra, La Rioja es la que menos recibe con 45.000 euros.

El Gobierno ha manifestado que el objetivo es avanzar en la integración tecnológica plena de la Administración de Justicia mediante una mejora en la eficiencia operativa de la gestión procesal. En este sentido ha recordado que existen nueve sistemas procesales diferentes, resultando muy complicado cumplir en toda España con unos principios básicos de coordinación, cooperación y reutilización de soluciones, lo que redunda en una pérdida de la calidad en el servicio prestado tanto a ciudadanos como a profesionales del mundo de la Justicia.

ENTRADA AUTOMÁTICA DE ESCRITOS A TRAVÉS DE LEXNET

El Ministerio ha propuesto un sistema de gestión procesal común avanzado tecnológica y funcionalmente, que "garantice" la máxima eficiencia y ahorro de costes para todas las administraciones. El nuevo sistema sustituirá de forma paulatina el actual, incorporando la gestión de asuntos judiciales en formato electrónico.

Para ello, el Gobierno va a habilitar la entrada automática de escritos y demandas a través de LexNET y la Sede Judicial Electrónica, incrementando las funcionalidades necesarias para la tramitación electrónica y la notificación de las partes.

Esta dotación económica tiene como objetivo financiar los gastos e inversiones necesarios para abordar la transformación digital en el ámbito de cada comunidad autónoma a través de una financiación adicional con la que el Estado contribuye al proceso de modernización de la Justicia.