La Fundación de Caja Madrid valida los documentos que buscan tumbar la versión de Terceiro

En una resolución de la Sala de Lo Penal al que ha tenido acceso Europa Press, se expone que directora financiera de la Fundación ha cotejado dichos documentos --de 1988 y 1992-- presentados por la defensa del exconsejero de Caja Madrid a propuesta del PP, Alberto Recarte, en los que se da instrucciones sobre el límite de gastos de las 'black' y el pin de las mismas.

Con estos contratos la representación procesal de los 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia --al que se les imputa delito continuado de apropiación indebida y administración desleal--buscan desmontar la declaración del expresidente de la caja extinta en calidad de testigo ante el tribunal y quien dijo que los plásticos nacidos en base a un acuerdo del Consejo de Administración de 1988 eran "exclusivamente" para gastos de representación.

La defensa de Alberto Recarte expuso en el escrito presentado en la Audiencia Nacional y al que tuvo acceso Europa Press que dicha información documental que salió a la luz una vez iniciado el juicio despeja "cualquier duda sobre cuáles eran las instrucciones que recibían los consejeros" cuando se les entregaba la tarjeta y especifica que en el contenido de los mismos se habla de un número PIN que se facilita a los usuarios para la retirada de efectivo en el cajero.

El contenido de las misivas cuya autenticidad ha avalado ahora la heredera de Caja Madrid y bajo cuyo resguardo se encuentra dicha documentación, pondría de relieve lo expuesto por la mayoría de encausados en su declaración ante el tribunal de que las tarjetas las entregaban desde la secretaría general de la caja extinta (cuyos responsables fueron Ángel Montero --fallecido en el año 2000-- y su sucesor Enrique de la Torre) y que tenían un límite de gasto.

Tras la última sesión de periciales celebrada el pasado viernes 18, el juicio que acoge la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal se reanudará el próximo día 5 de diciembre con los informes de las partes, incluida la Fiscalía, que en este trámite podrán modificar algunas de las peticiones de prisión o conclusiones de acuerdo con la práctica de la prueba que se haya desarrollado en sesiones anteriores.