Fiscalía, Abogacía Estado y Vox solicitan que se mantenga la prisión de Forcadell, Turull, Rull, Romeva y Bassa

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell y el exconsejero catalán de Presidencia Jordi Turull han defendido este miércoles de nuevo su inocencia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde han insistido en que no incumplieron la ley con sus actos y han alegado vulneración de sus derechos políticos en el procedimiento que instruye el magistrado Pablo Llarena. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado y Vox, personada como acusación particular se han opuesto a la puesta en libertad que reclamaban en la vista de apelación.

Las tres acusaciones se han opuesto a la excarcelación de ambos y también de los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, quienes también recurrieron su prisión aunque hoy no han querido estar presentes en el trámite judicial. "Las pruebas indiciarias se han convertido en certezas probatorias" y ha aumentado el riesgo de fuga, según la acusación particular.

El Ministerio Público también considera que persiste el riesgo de fuga y de reiteración delictiva en los cincos procesados, según ha informado en un comunicado. La vista se ha celebrado a petición de las defensas de todos ellos para solicitar su puesta en libertad o, subsidiariamente, ver sustituida esta medida cautelar por otra menos gravosa, después de que el juez instructor del denominado 'procés', Pablo Llarena, acordase su ingreso en prisión el pasado 23 de marzo tras procesarle por el delito de rebelión.

Según fuentes presentes en la declaración Turull ha puesto de manifiesto que tras leer el auto de procesamiento él cree que se le está haciendo un juicio político y se persiguen sus ideas; mientras que Forcadell ha insistido en que se encuentra desvinculada de la política tras su renuncia al acta de diputada.

Turull, procesado por rebelión y malversación de fondos públicos, y Forcadell, imputada por el delito de rebelión, han sido trasladados esta mañana desde las prisiones de Estremera y Alcalá-Meco hasta los calabozos de la Audiencia Nacional, mientras esperaban a ser llevados al alto tribunal para poder comenzar la vista, que se ha celebrado a puerta cerrada durante una hora y media.

TURULL INSISTE EN QUE ES UN "PRESO POLÍTICO"

Al término de la diligencia, el letrado del excosejero de Presidencia, Jordi Pina, ha explicado que su defendido ha reiterado ante los tres magistrados de Sala de lo Penal que han dirigido la vista --Miguel Colmenero, Alberto Jorge y Francisco Monterde-- que se considera un "preso político", sobretodo desde que el juez Llarena acordó su vuelta a prisión tras notificar el auto de procesamiento.

Una circunstancia que se dio "en medio de la investidura" con la finalidad de que no fuese elegido presidente de la Generalitat, ha añadido el letrado, ya que, a su juicio, las circunstancias desde el pasado 4 de diciembre, cuando fue puesto en libertad, no han cambiado.

En este sentido, Turull ha pedido a los magistrados del Supremo que reconsideren esta medida cautelar para poder ser designado 'president' y que se evite pensar que son los jueces del alto tribunal, incluido Llarena, "los que deciden lo que es o no es el Gobierno de Cataluña". Como garantía de que no reiterará en el delito, el exconsejero ha aportado su programa de Gobierno "que está presidido por la palabra diálogo", ha dicho Pina.

En cuanto a la presidenta del Parlament, ha vuelto a ampararse en la inviolabilidad parlamentaria y ha destacado ante los magistrados, como ya hizo ante el juez Llarena el pasado 18 de abril cuando le comunicó personalmente su procesamiento por el delito de rebelión, que es una persona "pacifista" y que "nunca emprenderá ninguna actuación que puede conllevar violencia".

Así lo ha dicho su abogada, Olga Arderiu, quien ha subrayado ante los medios de comunicación que en ningún país democrático "se encarcela al presidente del Parlament por permitir que se debata". La defensa de Forcadell ha recordado que el voto de la presidenta "no es decisivo", pues los órganos que toman la decisión de que una propuesta se debata es la Mesa o el Pleno.

En este sentido, ha reprochado que Forcadell tenga dentro del procedimiento una "distinta posición" a los que fueran miembros de la Mesa, que están procesados tan solo por el delito de desobediencia, mientras que a la expresidenta también se le atribuye rebelión.

RETORNAR A LA SENDA DEL ESTADO DE DERECHO

El abogado de Romeva, Andreu Van Den Eyden, también ha manifestado que todas las defensas han expresado argumentos que pueden permitir a la Sala "retornar a la senda del procedimiento judicial y del Estado de Derecho" y separar lo que es el procedimiento judicial de la situación de un ciudadano que se encuentra en prisión provisional.

"Los procesados en libertad no debieron retornar al encarcelamiento --ha añadido Van den Eynde-- y eso no sólo lo decimos nosotros sino también Amnistía Internacional, políticos, juristas, lo dice Felipe González o el Parlamento Europeo". Además, este letrado se pregunta por qué las medidas de control policial o comparecencias en juzgado no se consideran efectivas y se les mantiene en prisión.

Llarena acordó el ingreso en prisión de Forcadell, Turull, Rull, Romeva y Bassa el pasado 23 de marzo coincidiendo con la notificación del auto de procesamiento que afecta a un total de 25 exmandatarios catalanes, entre los que se enuentran el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsejeros de dicho Ejecutivo y los exmiembros de la Mesa del Parlament, además de los líderes sociales de la Asamblea Nacional Catala (ANC) Jordi Sánchez y de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart y la exdiputada de las CUP Anna Gabriel. Ese día también estaba citada la exsecretaria general de ERC Marta Rovira, si bien plantó al juez y huyó a Suiza.

EN PRISIÓN A PETICIÓN DE LAS ACUSACIONES

Ese mismo día citó a estos cinco investigados y tras celebrar una vistilla, dictó su reingreso en prisión atendiendo la petición de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y de la acusación popular ejercida por Vox. Todos ellos entendían que persistía el riesgo de reiteración delictiva.

En su auto, el juez indicó que no creía en sus manifestaciones sobre que no tenían intención de reiterar sus conductas porque a su juicio ninguno de ellos reconoció la ilegalidad de su conducta. También apuntó que, si bien es cierto que los procesados había comparecido ante el tribunal siempre que han sido llamados, la investigación también había reflejado su clara insurrección a las diferentes órdenes judiciales --de prohibición de celebración del referéndum, entre otras-- las cuales "han desatendido de manera contumaz y sistemática" durante los últimos años.