La Audiencia Nacional concede la extradición de 121 chinos por la macrocausa del fraude telefónico

La Audiencia Nacional ha concedido este viernes la extradición a China de 121 ciudadanos del país asiático que fueron detenidos en 2016 en la conocida como operación 'Wall' por integrar una trama de estafa telefónica contra compatriotas suyos para sustraerles grandes sumas de dinero.

El auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal expone que se cumple con el principio de especialidad porque los hechos por los que China reclama a estas personas son constitutivos de delito en los dos países. Esta primera decisión afecta a 121 ciudadanos del total de 269 que fueron detenidas en la operación policial.

Los hechos se remontan a diciembre del pasado año cuando el Servicio Interpol de la Policía puso en conocimiento de la Audiencia Nacional la presencia en España de ciudadanos chinos reclamados por su país porque formaban parte de una organización criminal dedicada a estafar a ciudadanos a través de llamadas telefónicas. Se les indicaba que estaban implicados en la comisión de diversos delitos y les pedían dinero a cambio de arreglar su situación.

En las vistas de extradición celebradas el pasado mes de septiembre, su letrado expuso que la entrega no debía de tener lugar porque la petición formulada por el país asiático no estaba sustentada en una resolución judicial. Además dijo que la documentación aportada para ello era insuficiente y que los detenidos ostentaban la nacionalidad taiwanesa, lo que impediría su entrega.

TAIWÁN NO ES UN ESTADO

Igualmente la representación procesal cuestionó que China respetara su derecho a un proceso con todas las garantías así como los derechos fundamentales de los detenidos. No obstante la Sala rechaza estos argumentos exponiendo que Taiwán integra la República Popular de China (aunque cuente con gobierno legislador) y que por tanto no se puede reconocer como Estado.

De hecho la Sala recuerda en su auto que Taiwán no forma parte de la ONU desde 1978, que solo mantiene relaciones diplomáticas con 23 países y que no tiene relaciones con la Unión Europea (UE). El tribunal añade que la comunidad internacional entiende a Taiwán como parte de China y que una futurible independencia no puede hacerse de forma unilateral.

En relación al posible trato degradante, la Sala se basa en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y responde que es posible aportar motivos precisos y concretos que acrediten las posibles vulneraciones, algo que no ha quedado acreditado.

LA FISCALÍA PEDÍA SU EXTRADICIÓN

La macrooperación contra esta trama de estafa telefónica implicó la puesta en marcha de un gran dispositivo en el que participaron cuatro jueces de instrucción, seis fiscales, 95 abogados de oficio, seis letrados de la administración de justicia, casi una treintena de funcionarios, seis intérpretes y numeroso personal forense y policial para tomar declaración y empezar a tramitar la extradición de los 269 chinos.

La Audiencia Nacional comenzó a estudiar la solicitud el pasado mes de septiembre. Durante las vistas, el fiscal Carlos Bautista pidió la extradición de todos ello, quienes tras su detención negaron ser conscientes de haber cometido estafa y explicaron en muchos casos que vinieron pensando que iban a ejercer de guías turísticos.