El casco de un buque cazaminas es de plástico reforzado para evitar activar explosivos submarinos
El objetivo de la “guerra híbrida” rusa es dañar cables de comunicaciones europeos subacuáticos
Con o sin acuerdo, la navegación en el estrecho de Ormuz no volvería a ser segura de inmediato. Las minas marinas pueden permanecer activas durante años y su eliminación exige una de las operaciones militares más lentas y complejas que existen. España no tiene previsto desplegar allí ninguno de sus seis cazaminas, pero la tecnología y los procedimientos que emplearía serían los mismos que utiliza la Primera Escuadrilla de Medidas Contra Minas de la Armada. Su misión no solo consiste en neutralizar explosivos, sino también en proteger una infraestructura invisible de la que depende buena parte de nuestra vida cotidiana: los cables de comunicaciones y los gasoductos submarinos.
Por el fondo del mar circula entre el 95 % y el 99 % del tráfico mundial de datos, y España se ha convertido en uno de los principales nodos de conexión entre Europa, América y África. A sus costas llegan 57 cables submarinos y tres grandes gasoductos, infraestructuras estratégicas que hoy son uno de los principales objetivos de la llamada guerra híbrida. Los sabotajes sufridos en el mar Báltico, tanto contra el gasoducto Nord Stream como contra varios cables de telecomunicaciones, han convertido su vigilancia en una prioridad para la Armada, que inspecciona periódicamente estas instalaciones para detectar cualquier anomalía antes de que pueda comprometer las comunicaciones o el suministro energético.
La búsqueda de amenazas comienza con un sonar de alta definición que escanea el fondo marino mediante ultrasonidos. Cualquier objeto sospechoso queda reflejado por su silueta, aunque distinguir una roca de un explosivo no siempre resulta sencillo. Las minas pueden estar apoyadas en el fondo, ancladas o incluso ocultas dentro de objetos cotidianos como frigoríficos. Algunas son capaces de enterrarse en el sedimento y se activan por presión, ruido o la presencia de metal. Por eso los cazaminas están construidos con plástico reforzado con fibra de vidrio, un material amagnético que reduce el riesgo de detonación al mínimo.
Cuando el sonar detecta una posible amenaza, el barco debe permanecer prácticamente quieto pese al movimiento del mar. Lo consigue gracias a un sistema de propulsión de gran precisión que le permite girar sobre sí mismo y mantener la posición. A continuación, se despliegan vehículos submarinos no tripulados equipados con cámaras para inspeccionar el objeto. Si se confirma que es una mina, otro robot puede colocar una pequeña carga explosiva junto a ella o utilizar un torpedo guiado por fibra óptica para destruirla. En los casos más delicados, especialmente cuando el artefacto está junto a un cable o un gasoducto, intervienen buceadores especializados, cuya labor requiere largas descompresiones y el apoyo permanente de una cámara hiperbárica.
La desactivación de minas es también una batalla económica. Mientras fabricar una mina puede costar apenas unos 2.000 euros, localizarla y neutralizarla puede superar los 100.000 euros y requerir desde varios días hasta semanas de trabajo, dependiendo del tipo de fondo y de la profundidad.
La amenaza, además, no desaparecerá cuando terminen los conflictos actuales. Bajo los mares europeos siguen descansando unas 32.000 bombas sin detonar de la Segunda Guerra Mundial, recordando que los explosivos submarinos pueden permanecer activos durante décadas. Con ese escenario, la Armada moderniza sus cazaminas con nuevos sonares, sistemas de combate y vehículos no tripulados. Mientras España se prepara para asumir en 2027 el mando de uno de los grupos permanentes de medidas contraminas de la OTAN. Porque, tanto en el Mediterráneo como en un futuro Ormuz en paz, la seguridad marítima seguirá empezando bajo el agua.