"No solo rezan, te llaman genocida": La polémica sobre el aborto no cesa y llega a los tribunales

"No solo rezan, te llaman genocida": Sigue la polémica del aborto público en Madrid
Una imagen de Naroa Iturri, una de las responsables de la clínica Askabide.. Cuatro
  • El Gobierno lleva al ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a los tribunales por negarse a cumplir la ley del aborto.

  • Hoy precisamente comienza el juicio a los participantes en protestas antiabortistas frente una clínica de Vitoria.

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El Gobierno lleva al ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a los tribunales por negarse a cumplir la ley del aborto. En concreto por negarse a presentar un registro de objetores En un tuit, Pedro Sánchez aseguraba que la Comunidad de Madrid deriva más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas. "Un derecho esencial, convertido en negocio. Defenderemos, dice, los derechos de las madrileñas en los tribunales"., informa Asier Bailez.

En un comunicado, el Gobierno ha explicado que inicia acciones legales porque la región presidida por Isabel Díaz Ayuso se niega a cumplir la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que obliga a las comunidades autónomas a crear un registro confidencial de objetores de conciencia con la finalidad de organizar los servicios médicos para garantizar el derecho al aborto.

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Hace unas semanas, el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento a Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid en el que se recordaba la exigencia de cumplir la ley con la creación de registros autonómicos de objetores de conciencia frente al aborto. Las dos primeras regiones pusieron en marcha los registros, no así Madrid. "Constatado su rechazo a hacerlo", el Gobierno ha iniciado este lunes acciones legales "para hacer que se respete la ley".

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene su posición contra el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en la sanidad pública. (...) La negativa del Ejecutivo regional a cumplir la ley atenta contra la libertad de las mujeres que viven en la Comunidad, generando una desigualdad de derechos frente a otros territorios, y protege los intereses de las clínicas privadas, a las que deriva más del 99 % de las intervenciones", ha subrayado Moncloa.

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El Ejecutivo ha insistido en que el registro de objetores es una herramienta para que los hospitales públicos puedan organizar sus servicios y garantizar el acceso a este derecho sin derivar sistemáticamente a las mujeres a centros privados. Además, ha recordado que los datos del registro de objetores son confidenciales y en ningún caso de acceso público.

"El Gobierno de España seguirá utilizando todos los medios a su alcance, incluido el recurso a los tribunales, para que las comunidades autónomas cumplan la ley, con el fin de asegurar que las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo puedan hacerlo con todas las garantías en la sanidad pública", ha advertido el Ejecutivo.

Ayuso no ha tardado en contestar y lo que defiende es el derecho de los médicos a la objeción de conciencia y añade: "Solo un dictador les puede obligar a hacer lo que no quieren hacer". Ayuso le ha recordado a Sánchez que el PSOE de Castilla-La Mancha "derivó a Madrid 2.000 abortos el año pasado".

Juicio contra las protestas antiabortistas en Vitoria

Hoy precisamente comienza el juicio a los participantes en protestas antiabortistas frente una clínica de Vitoria. 21 personas están acusadas de coacción y hostigamiento a pacientes y médicos, informa Asier Bailez.

Para cada uno de ellos, el Ministerio Fiscal pide una condena de cinco meses de cárcel por un delito de coacciones, que podrían sustituirse por 100 días de trabajos para la comunidad, por obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la actividad de los trabajadores de la clínica; mientras que la acusación particular de la propia clínica les reclama 20.000 euros en total, por el "perjuicio causado".

Por su parte, la defensa solicita la libre absolución, por entender que las concentraciones no afectaron a las usuarias y trabajadores de la clínica, sino que se limitaron a rezar y exhibir pancartas, en uso de su "libertad de expresión".

Esta primera jornada del juicio ha estado protagonizada por la declaración de 17 testigos, entre ellos, dos de las que fueron pacientes de la clínica Askabide durante los días en los que se llevaron a cabo las concentraciones, del 28 de septiembre al 4 de noviembre.

Ambas han denunciado "coacciones, intimidaciones y señalamientos" por parte de los antiabortistas que se reunían frente al centro médico, con carteles con consignas como '40 días por la vida', camisetas y rezando el rosario. Una de las mujeres ha narrado que los concentrados se "dirigieron directamente" hacia ella y le dijeron "cosas como 'perdónala'", por las cuales se sintió "intimidada" en un momento personal "complicado y vulnerable". "Entré supernerviosa e intimidada a la clínica y decidí no volver", ha manifestado.

Otra paciente ha declarado también que se sintió "incómoda cuando vio a las personas rezando y con carteles" en la acera de enfrente de la clínica, aunque, en su caso, no se dirigieron a ella directamente. "En el caso que quisiera interrumpir mi embarazo, no es muy agradable, ya que me podían haber condicionado. No es agradable tenerlos en la puerta cuando vas a vivir un momento difícil", ha comentado.

"No solo rezan"

Naroa Iturri, una de las responsables de la clínica Askabide, señala que "entendemos la libertad de expresión y la libertad de concentración, pero que la hagan a 100 metros de la clínica y no delante. Te increpan, te amenazan, te llaman asesina, genocida te dicen tú matas los que matan mueren.... Son muchos años. Dicen que solo rezan, no no solo rezan".

Por su parte, el gerente de la clínica Askabide ha denunciado la "coacción constante" que ejercían los concentrados, con el objetivo de "amedrentar física y mentalmente tanto a los trabajadores de la clínica como a sus pacientes". En este sentido, ha explicado que los antiabortistas se concentraban a diario para rezar con rosarios y con carteles, "de manera organizada y en turnos", para tratar de permanecer ahí "cuantas más horas posibles", dos veces al año durante 40 días.

Según ha narrado, los acusados portaban pancartas con lemas como '40 días por la vida', 'no estás sola' o 'rezamos por ti', además de comentar que "los rezos se oían desde dentro de la clínica", así como gritos de "Perdónale señor, porque no sabe lo que hace". "Era algo continuo, todo el día. Te enseñan carteles, te señalan, te miran, rezan en alto y nos han llegado a sacar fotos. Utilizan los rezos para decir barbaridades", ha reprobado.

El responsable de la clínica ha descrito que hubo pacientes que "anularon citas, porque no querían que se les señalara", así como quienes padecieron "ataques de ansiedad derivadas de sus manifestaciones, donde el anestesista dijo que no se podría hacer la interrupción" del embarazo. Al respecto, ha relatado que el primer episodio denunciado ocurrió el 28 de octubre de 2022, cuando una mujer que salía de la clínica tras interrumpir su embarazo, regresó "descompuesta" al ver a los manifestantes.

Asimismo, ha denunciado que a él mismo le han gritado "asesino" y ha criticado "frases que lanzan" a las pacientes como "vas a matar a tu niño" o "perdónale señor, porque tu madre no sabe lo que hace". "Las concentraciones no permitían el correcto desarrollo de la clínica. Las mujeres tiene que entrar tranquilas y su objetivo era amedrentarlas, cuando vienen de situaciones que no son fáciles para ellas", ha expuesto.

Tras señalar que esperaba que con la modificación de la ley se iban a acabar las concentraciones, ha comentado que "el 95% de las interrupciones del embarazo son concertadas con Osakidetza, quien las deriva a la clínica". "Es un servicio público pagado por la Administración", ha recalcado.

Las denuncias presentadas por Askabide dieron como resultado varias órdenes de alejamiento y ahora estas concentraciones tienen lugar en una plaza cercana y desde entonces las trabajadoras y pacientes están "mucho más tranquilas". "Que hagan sus protestas allí, estamos mucho mejor y tranquilos, ya que se evita el cara a cara con las pacientes y trabajadores", ha indicado.

Una extrabajadora de la clínica ha manifestado que se sentía "juzgada" por efectuar su trabajo, así como que tuvo que cambiar sus "rutinas diarias" para acceder al trabajo, puesto que "la identificaban". "Te sientes señalada y te incomoda", ha narrado, para explicar que había "pacientes que venían llorando". "La decisión de abortar es traumática y difícil de tomar, las pacientes tenían que preocuparse por ellas y su situación, y no por los concentrados", ha apelado para denunciar "miradas" que "señalizan e incomodan".

Los mismos razonamientos que ha trasladado otra de las trabajadoras, quien ha asegurado que "se han cancelado citas por estas concentraciones que generaban incomodidad a las pacientes". "Te siguen con la mirada. Te observan y se dirigen a ti directamente, aunque no te hablen, ni sepan a qué entras a esa clínica", ha descrito respecto al proceder de los concentrados.

La policía local habla de protestas pacíficas

Durante la sesión han testificado varios agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz y de la Ertzaintza que acudieron a la clínica en varias ocasiones cuando esta llamó para denunciar la presencia de los manifestantes a escasos 30 metros de su entrada

Los agentes han coincidido en destacar el carácter "pacífico" de las concentraciones, donde sus participantes "estaban rezando por las almas", así como que los carteles que portaban "no eran insultos ofensivos directos". Así, han relatado que "nunca se produjo ningún enfrentamiento" y que "rezaban en voz baja con rosarios en las manos", además de que "colaboraron" cuando la Policía procedía a su identificación.

Según han señalado, portaban carteles con lemas "por la vida", "no está sola" o "contra el aborto, sin alterar la paz, sin insultar" y "sin molestar a la circulación y a los peatones". Cuestionados por las defensas de los acusados sobre el proceder de los manifestantes, algunos policías han considerado que los carteles que portaban no eran "ni coaccionantes ni intimidantes", mientras que otros agentes han razonado que, "con su presencia, las personas ejercían una especie de coacción hacía la clínica".

Este martes se reanudará el juicio con el visionado de un video que presentan las defensas, con imágenes de las concentraciones, grabado por los propios manifestantes, así como con los interrogatorios de las 21 personas acusadas. Ya el jueves, se presentarán las conclusiones finales y el juicio quedará visto para sentencia.