La acusación contra el Fiscal General dice que a Bretón se le condenó tras borrar pruebas y la defensa habla de un juicio paralelo "basado en conjeturas"
Las acusaciones populares no han dado credibilidad a la versión con la que el fiscal general del Estado
Cinco abogados han insistido en la culpabilidad de Álvaro García Ortiz.
Último día del juicio al Fiscal General del Estado que esta tarde quedará visto para sentencia. Cinco abogados han insistido en la culpabilidad de Álvaro García Ortiz. El más duro de ellos ha sido el abogado de González Amador, el denunciante, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que cree que a su cliente se le han quitado todos sus derechos "le han arrasado en sus derechos, su presunción de inocencia, apuntalado día a día por el Gobierno generando daños en la vida familiar que no ha querido ni contar".
Se acusa al Gobierno y la Fiscalía, de llevar a cabo una estrategia conjunta para perjudicarle. Otro de los abogados, el de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, Juan Antonio Frago, ha puesto el foco en el borrado de mensajes y dice que hay que condenar al fiscal general del Estado como se condenó a Bretón por borrar las pruebas del asesinato de sus hijos. "Los cuerpos no se encontraron, pero se dio por probado que el borrado de la prueba, en este caso la eliminación física de los cuerpos de los niños ha sido así. Es decir, que estamos ante la eliminación intencional del cuerpo del delito o las pruebas de la inocencia puede y debe ser tomado como prueba de cargo a efectos condenatorios".
Las acusaciones populares no han dado credibilidad a la versión con la que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defendió su inocencia en el juicio, ni a la de los periodistas que afirmaron que supieron antes que él del correo con la admisión de dos delitos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Tanto la acusación particular que ejerce Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, como los abogados de cuatro acusaciones populares han apuntado directamente al fiscal general como la persona que filtró el correo en el que el abogado de este empresario reconocía un fraude a Hacienda para llegar a un pacto.
Para el autodenominado sindicato Manos Limpias, es la "única explicación razonable". Su abogado ha subrayado que "no existe una alternativa" dado que "se ha eliminado todo el rastro de prueba de descargo que podría haber" ante el borrado del móvil del fiscal general.
Antes que él, el letrado de Fundación Foro Libertad y Alternativa ha tachado de "inverosímil" tanto el testimonio de García Ortiz como de dos periodistas que aseguraron haber conocido el correo antes que él, y ha considerado "intrascendente" que supiesen que la iniciativa de la conformidad partiese de la pareja de Díaz Ayuso.
"Lo esencial", para él, es "la difusión del contenido concreto del correo".
También el abogado del Colegio de la Abogacía de Madrid ha considerado que la credibilidad de los periodistas que dicen que tuvieron acceso al correo clave antes que el fiscal general "está puesta en solfa".
La última acusación en intervenir ha sido la del abogado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) -muy crítica con la labor de García Ortiz al frente del Ministerio Público-, quien ha cuestionado que los periodistas se amparasen en el secreto profesional cuando, ha dicho, el código deontológico les autoriza a revelar las fuentes para evitar que un inocente sea condenado.
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha negado este jueves en el juicio que se sigue contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, que la Fiscalía actuara de forma "impropia" con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. A su juicio, "ha recibido el mismo trato que recibe cualquier ciudadano" al que se le investiga por fraude fiscal.
Sánchez Conde ha querido manifestarse así antes de presentar su informe final en el juicio que se celebra contra el fiscal general por, supuestamente, haber filtrado a la Cadena SER el correo que la defensa de González Amador envío a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024 para ofrecerse a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto para evitar el ingreso en prisión.
La fiscal ha insistido en que "está fuera de toda duda" la actuación que llevó a cabo el Ministerio Fiscal, desde que abrió las diligencias preprocesales relativas a González Amador hasta que presentó su denuncia ante los juzgados madrileños.
"El señor González Amador ha recibido el mismo trato en estas actuaciones que el que recibe cualquier ciudadano al que se le imputan infracciones penales, puesto que la denuncia contra él fue presentada con antelación al conocimiento de su identidad o de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid" por parte de la Fiscalía, ha manifestado.
En la misma línea, ha recalcado que "el Ministerio Fiscal no ha tenido ninguna actuación impropia o improcedente" en lo relativo a González Amador, cuya representación legal reclama hasta cuatro años de prisión para el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos.
"Estamos ante un juicio paralelo basado en conjeturas"
La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha denunciado este jueves en la última sesión del juicio en su contra en el Tribunal Supremo (TS) la existencia de un "juicio paralelo", al tiempo que ha expresado su confianza en que no afectará a la "independencia" de los magistrados a la hora de dictar sentencia.
El abogado del Estado José Ignacio Ocio ha arrancado de esta forma su informe final para defender a García Ortiz de la presunta revelación cometida contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, por la que podría ser condenado a hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso de más de 400.000 euros.
Ocio ha explicado que a lo largo de las pesquisas se han enfrentado a numerosas "dificultades" porque este caso "ha estado marcado por un contexto mediático excepcional" que "ha desbordado el debate jurídico".
"Se ha podido generar, sin ningún género de dudas, un auténtico juicio paralelo --basado en conjeturas, en filtraciones y lecturas parciales-- que ha creado un entorno adverso para el derecho a la presunción de inocencia del excelentísimo señor fiscal general del Estado", ha afirmado.
No obstante, ha concluido esta "pequeña introducción" expresando su confianza en que "esa contaminación externa" no afecte "a la serenidad, a la independencia y a la objetividad con la que los excelentísimos señores magistrados del Tribunal Supremo habrán de dictar sentencia".
"Apelamos, por tanto, a la esencia de esa función jurisdiccional para que, aplicando los principios de independencia judicial y de aplicación imparcial del derecho, se pueda garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de mi representado", ha añadido.
En concreto, ha aludido a los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia. "Esto es, (...) que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario", ha enfatizado.
"No hay absolutamente ninguna prueba"
La defensa del fiscal general del Estado ha asegurado este jueves que "no hay absolutamente ni una prueba" de que Álvaro García Ortiz filtrase u ordenase filtrar el correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, "porque no puede haberla".
"El señor fiscal general del Estado es inocente de todo lo que se está diciendo aquí", ha asegurado el abogado del Estado José Ignacio Ocio al cerrar el informe final con el que fundamenta ante el Tribunal Supremo su petición de absolución del fiscal general del Estado de presunta revelación de secretos.
Tras su intervención, Álvaro García Ortiz, que afronta peticiones de entre 3 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación, ha rechazado hacer uso del turno de última palabra, y el juicio ha quedado visto para sentencia.
Durante su informe, la defensa ha rechazado que haya "base probatoria" en unos hechos que, además, no son delito, porque el supuesto secreto que le acusan de revelar -el correo en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, admitía en su nombre dos delitos en busca de un pacto- ya era conocido.
La defensa de García Ortiz ha subrayado la "verosimilitud" del relato de seis periodistas que afirmaron conocer o bien dicho correo o bien la existencia de una oferta de conformidad por parte del abogado de González Amador, que conllevaba reconocer los delitos. Y ha recordado que el propio González Amador filtró al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, uno de los correos y le autorizó a divulgarlo a la prensa. Esa, ha dicho, es la única filtración "acreditada en la causa".
Al término de su informe, la defensa ha denunciado que en este proceso "se ha criminalizado una actividad institucional" de dación de cuentas a superiores y de emisión de una nota de prensa para "salir al paso" de una "información que ponía en cuestión" a la Fiscalía -en referencia a las afirmaciones de la presidenta madrileña y de su jefe de gabinete.
Indicios "manoseados"
Pese a esa ausencia de pruebas y en el "eventual supuesto" de que el tribunal no dé credibilidad a los periodistas que han testificado, el abogado del Estado ha tratado de refutar, uno por uno, "los indicios que han sido manoseados constantemente por parte de las acusaciones".
Ha rechazado, por ejemplo, que se considere "culpable" al fiscal general por el "breve lapso de tiempo" que transcurrió desde que recibió dicho correo de manos de una subordinada (21:59 horas del 13 de marzo) hasta que lo publicó la Cadena Ser (sobre las 23:20 horas), porque en este tiempo otras personas también tuvieron acceso al mismo y no han sido investigadas.
Esa es una de las "lagunas de la investigación" que ha subrayado la defensa de García Ortiz, la cual ha reprochado a las acusaciones que vean "clandestinidad" en la petición de los correos del fiscal general -ha subrayado-, en base a una "dinámica legítima y legal" de una dación de cuentas.
Pese a lo que sostiene firmemente alguna acusación, la defensa ha asegurado que el periodista que reveló el correo nunca habló con el fiscal general, porque su llamada no fue contestada. En ese momento, el fiscal general hablaba con la fiscal provincial de Madrid y saltó el contestador y así "obra en las actuaciones".
Especialmente crítico se ha mostrado con que se haya "manipulado" el cierre de la cuenta de correo personal del fiscal general "como si fuera un indicio de cargo". Si la cerró, ha reiterado, fue por los "mensajes hostiles" recibidos tras la filtración de un informe policial sin anonimizar, y en este punto ha subrayado que durante el registro a su despacho, los agentes pudieron acceder a los correos. "No se volcaron porque no quisieron", ha añadido.
Justifica el borrado y los cambios de móvil
Y con igual contundencia se ha referido respecto al borrado de móvil del fiscal general del Estado o sus cambios periódicos de terminal. La información que guarda García Ortiz "es tremenda", ha apuntado, sobre "muchísimas causas de interés y relaciones exteriores" del país, y justifica "borrados periódicos".
Relacionar la fecha de uno de esos borrados -16 de octubre de 2024- con la apertura de la causa ese mismo día "no se sostiene", porque García Ortiz "conocía de su próxima imputación, al menos desde el 12 de octubre". "Lo podía haber borrado muchísimo antes si existiese voluntad de ocultamiento", ha apuntado.
Y respecto a la declaración de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, la principal en su contra, ha subrayado que "está basada en suposiciones, conjeturas", y su versión ha tenido modificaciones en las tres declaraciones que ha prestado. "La razón de ser es simple y llanamente una mala relación con la cúpula de la Fiscalía General del Estado. No puede darse otra explicación", ha aseverado el abogado del Estado.