¿Cuál es la multa por aparcar en una plaza de persona con movilidad reducida?

Juan García Garrido 29 ABR 2025 - 07:00h.

MadridAparcar en una plaza reservada para personas con movilidad reducida sin disponer de la acreditación correspondiente no es solo un gesto incívico, sino también una infracción legal tipificada como grave en la normativa española. La sanción económica está claramente regulada, pero no es el único aspecto a tener en cuenta: también existen implicaciones éticas, sociales y operativas que justifican la creciente vigilancia sobre este tipo de plazas de aparcamiento, cuya disponibilidad es esencial para la autonomía de miles de personas.

De esta forma, según el Reglamento General de Circulación, aparcar sin autorización en plazas señalizadas para personas con movilidad reducida (PMR) está considerado como infracción grave y conlleva una multa económica de 200 euros. Como cualquier infracción de tráfico en España, el importe puede reducirse al 50% (es decir, 100 euros) si se abona en un plazo de 20 días naturales desde que se recibe la notificación, tal como establece la Ley de Tráfico y Seguridad Vial.

No obstante, esta infracción no implica pérdida de puntos del carné de conducir. Así lo aclaró la Dirección General de Tráfico (DGT) en un comunicado tras algunas interpretaciones erróneas de la normativa.

Retirada del vehículo y costes añadidos

En muchos casos, el conductor infractor no solo tendrá que asumir la multa económica. Si el vehículo obstruye el acceso o se encuentra en una vía pública donde su presencia impide el uso legítimo de la plaza, las autoridades municipales están facultadas para ordenar su retirada mediante grúa. Esto conlleva una serie de gastos adicionales por el servicio de grúa y el depósito, que varían según la ordenanza municipal de cada ciudad. En Madrid, por ejemplo, el coste puede superar los 130 euros solo por la retirada del vehículo.

Uso indebido de tarjetas PMR: otra infracción frecuente

Uno de los fraudes más comunes es el uso indebido de tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad, especialmente en casos de tarjetas pertenecientes a familiares fallecidos o personas ausentes. Este uso fraudulento también está sancionado, aunque su cuantía puede variar entre los 150 y 600 euros en función de la gravedad y del municipio.

Un caso reciente documentado por Cadena SER en Ávila se relata cómo una mujer fue denunciada por utilizar la tarjeta de su madre, fallecida diez años antes. La Policía Local detectó el uso irregular durante un control rutinario, una práctica que, lamentablemente, no es infrecuente.

Al final, lo que hay que tener presente es que la accesibilidad no es una concesión, sino un derecho. Las plazas PMR garantizan que quienes tienen movilidad reducida puedan realizar su vida con dignidad e independencia. Su uso indebido no solo vulnera una norma, sino que atenta directamente contra la igualdad de oportunidades. Por eso, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y asociaciones como CERMI han insistido en la necesidad de endurecer las sanciones y reforzar los controles para evitar el uso indebido de estas plazas.