El preacuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana -para investir a Salvador Illa- está generando tensión por las condiciones que se han pactado, sobre todo la relacionada con la financiación de Cataluña. En las 25 páginas del documento, se explica que será la “Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados”. Se trata de unos apartados que no han hecho gracia entre los barones más críticos mientras el líder de Junts, Carles Puigdemont, sostiene que se presentará en el debate de la investidura, según informa Adam Salvia.

“La gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos soportados en Catalunya corresponden a la Agencia Tributaria de Catalunya, salvo los de naturaleza local”, así lo explica Esquerra Republicana en el escrito. Mientras, Junts lanza otro comunicado con el que muestra el rechazo al pacto alcanzado entre los republicanos y los socialistas. El pacto ha provocado las primeras reacciones en los barones más críticos: el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page Sánchez, y el secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán.

El preacuerdo está formado por 25 páginas en las que el foco está puesto en la financiación de Cataluña. Y es que se ha pactado que la comunidad recaude todos los impuestos, por lo que ya no gestionaría 25.000 millones, sino más del doble: 55.000 millones. Otro de los asuntos sensibles es si Cataluña saldrá del régimen común, el sistema que se financia con todas las comunidades a excepción de País Vasco y Navarra.

La pregunta que Esquerra hará a sus bases este viernes será si respaldan el acuerdo a cambio de la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana y la Convención Nacional para la resolución del conflicto político. Un fuerte sector de las bases está en contra y desde el partido aseguran que la decisión que se tome será vinculante. El próximo sábado valorarán el estado de las negociaciones y de los resultados de los votos. Los puntos más delicados relativos a la financiación son dos:

En el texto no se incluye el término ‘concierto económico’ pero, por lo que se detalla, la idea es similar. Es decir, seguir aportando a la caja común, aunque lo que se aporte se negociará con el Estado al estilo del cupo vasco. Hasta ahora, según el principio de solidaridad del sistema de financiación, Cataluña aporta 2.160 millones de euros al resto. Y eso es lo que estaría en juego.

Tal y como afirman los expertos, leyendo las condiciones del preacuerdo, Cataluña entregaría menos dinero. Una vez recaudado, Cataluña pagaría una cantidad al Estado por los servicios prestados en la comunidad, como por ejemplo en Defensa. “Ha triunfado el diálogo”, celebra el Gobierno Central tras alcanzar este pacto. Aunque este preacuerdo supera sus propias líneas rojas.

La propia vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hace tan solo 15 días era la primera en expresar que no le gustaba la idea de sacar a Cataluña del Régimen Común. Se trata de una opinión que comparten ahora los inspectores de Hacienda del Estado, quienes muestran “su rechazo frontal y absoluto” y hablan de “auténtica barbaridad, vergüenza y ruptura total del sistema”. Los populares sostienen que es un golpe de Estado fiscal que van a llevar a los tribunales. Y es que este preacuerdo es un nuevo lío para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El PSOE opta por el silencio.

Nadie del partido ni del Gobierno da detalles sobre el alcance del acuerdo. Sánchez ha reunido a su Ejecutiva pese a que no se ha producido la tradicional rueda de prensa posterior más allá del comunicado respaldando el pacto. Este silencio desconcierta a muchos socialistas. Los barones más críticos -el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page Sánchez, y el secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán- ya dicen que es inadmisible. Y lo más preocupante es que las alarmas también saltan en Andalucía o Extremadura. A sus líderes les va a costar mucho explicar ese acuerdo en sus territorios.

La financiación autonómica es un tema muy sensible y no siempre se mueve por los intereses de los partidos, sino por los territorios. Conseguir los apoyos necesarios va a ser el gran quebradero de cabeza para el Gobierno. La reforma de la ley necesita la mayoría absoluta porque es una norma orgánica, es decir, 176 votos.

Sánchez necesita los síes de todos sus socios y, de momento, no los tiene. Los diputados de Compromís y de la Chunta Aragonesista dicen que votarían en contra si no se hacen mejoras en la financiación de la Comunidad Valencia o Aragón. Lo que sí queda claro es que todavía queda un largo camino para Sánchez, quien ha comunicado en una rueda de prensa en Palma que será mañana cuando aporte todos los detalles en otra comparecencia.

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