C's avisa de que la carta de Hacienda no frena la prescripción de la amnistía porque sólo es informativa

El portavoz de Hacienda de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, Francisco de la Torre, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que la carta enviada por Hacienda a los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal no paraliza la prescripción de la citada medida. Para que ello ocurriera, advierte, se debería iniciar antes del 30 de noviembre un procedimiento de comprobación.

El final del plazo voluntario para hacer la declaración acogiéndose a la amnistía fiscal era el 30 de noviembre de 2012. Dado que la Ley General Tributaria prevé que la prescripción se produzca a los cuatro años, Ciudadanos instó al Ministerio de Hacienda a que enviara cartas antes del 30 de noviembre a los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal anunciando el inicio de procedimientos formales de comprobación, para evitar que la inspección prescribiera.

La Agencia Tributaria ha comenzado esta martes a enviar a los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal una carta "informativa" en la que les recuerda que si no declararon todos los bienes ocultos, se procederá a la realización de las actuaciones oportunas.

La carta comienza recordando que el pasado 27 de septiembre el Congreso de los Diputados aprobó, a propuesta de Ciudadanos, una proposición no de ley, que contó con el apoyo del PP, por la que se instaba al Gobierno a realizar con carácter urgente una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10 por ciento por las cantidades afloradas (en contraste con el 3 por ciento al que ributaron), e incluso se adjunta en la carta el texto de la citada proposición no de ley.

Francisco de la Torre agradece el "gesto" de que el Gobierno "empiece a tomar en serio la revisión de la amnistía fiscal". Sin embargo, advierte de que la "obligación" del Gobierno "tanto con Ciudadanos en el acuerdo de investidura, como con la moción que aprobó el Congreso, que representa a todos los españoles, era proceder a la revisión para que los defraudadores acogidos a la amnistía fiscal paguen el tipo efectivo del 10% y no del 3% que pagaron".

Y para que esto sea así, el portavoz de Ciudadanos en materia de Hacienda avisa de que "no basta con una mera carta informativa, sino que se debería iniciar un procedimiento formal de comprobación", y esto no se hace con una "mera carta informativa". "Esta carta informativa no interrumpe el derecho de la Administración a liquidar y creemos que la prescripción de este derecho se producirá el 30 de noviembre", explica De la Torre.

En este sentido, adelanta que su partido seguirá "insistiendo" en que el Gobierno "cumpla sus compromisos e inicie las procedimientos de comprobación antes del 30 de noviembre".

El acuerdo del PP con Ciudadanos incluía realizar una revisión "para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10 por ciento previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria". Y en la tabla de ingresos y gastos que acompañó al acuedo alcanzado en agosto pasado se incluía un ingreso de 1.000 millones de euros en 2017 por la recuperación de lo no pagado en la amnistía fiscal y la mejora de la lucha contra el fraude; y otros 2.000 millones cada uno de los tres años siguientes.

Precisamente mañana tendrá lugar en el Parlamento una interpelación por parte de Ciudadanos al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre las medidas del Ejecutivo en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal y, concretamente, sobre las medidas adoptadas para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal de 2012 "tributen efectivamente al tipo del 10% contemplado expresamente en la Ley".

El texto de la interpelación comienza criticando la llamada amnistía fiscal porque, según Ciudadanos, "asestó un golpe fatal a la ya frágil conciencia fiscal" de la sociedad española y "supuso un enorme fracaso", pues en aquel momento el Gobierno de Mariano Rajoy previó recaudar unos 2.500 millones de euros, pero finalmente se recaudaron 1.193 millones de los 40.000 millones que afloraron.