En Comú pide recuperar la indemnización pagada por el proyecto Castor y depurar responsabilidades

En una proposición no de ley registrada en el Congreso y recogida por Europa Press, el socio catalán de Podemos asegura no entender que se indemnice a la compañía, pues esta "incurrió en dolo o negligencia imputable", y por lo tanto consideran que la compensación debería limitarse al valor residual de las instalaciones.

Este proyecto, que En Comú califica de "despropósito" y "uno de los fracasos más importantes de la historia de este país", ha supuesto un desembolso de más de 1.350 millones de euros de dinero público. A ello hay que sumarles, apuntan, otros 295 millones por los derechos retributivos devengados por la empresa concesionaria.

Según cifras procedentes de las organizaciones de consumidores más representativas que recoge En Comú, el coste final para la ciudadanía podría llegar a superar los 4.700 millones de euros incluyendo la cantidad, el plazo y los intereses.

"No es aceptable que una empresa que ha construido con riesgo sísmico y sin tener en cuenta los informes que alertaban de ese riesgo, no asuma ningún tipo de responsabilidad y se le reconozca la extinción de la concesión y de la indemnización sin la debida auditoría y estudios de la diligencia profesional", consideran en la exposición de motivos.

CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES

La formación catalana también hace mención a los daños que la operación ha causado --más de mil movimientos sísmicos tras la puesta en funcionamiento de este almacén de gas natural--, y por tanto pide depurar responsabilidades.

En este sentido, proponen realizar un peritaje que cuantifique daños materiales, y morales si fuera pertinente, que ha podido sufrir la ciudadanía de Terres de l'Ebre por los terremotos, y también estudios técnicos sobre la afectación del medio ambiente y otras instalaciones de riesgo presentes en la zona.

Asimismo, En Comú pide establecer un calendario para el desmantelamiento de las instalaciones terrestres y marinos del almacén y, por último, modificar la ley para impedir que sea el Estado quien se haga responsable de las indemnizaciones derivadas de la renuncia renuncia voluntaria de la concesión de explotación de una infraestructura o servicio.