Las claves del Plan Estatal de Vivienda en un mercado ya imposible: las ventas caen ante los precios inasumibles

Las comunidades del PP van a votar a favor del Plan Estatal de Vivienda y el reparto de 7.000 millones. Aunque hace meses rechazaron el plan, criticando las medidas que incluía, finalmente parece que va a salir adelante con un respaldo unánime de las comunidades. Los 7.000 millones se repartirán en cinco años y servirán para construir vivienda pública, rehabilitar edificios y para otorgar ayudas, entre ellas, al alquiler.

En términos absolutos, Andalucía se sitúa como la comunidad con mayor dotación presupuestaria del nuevo plan, al alcanzar los 1.197 millones de euros, lo que supone un incremento de 877 millones respecto al plan previo. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.113 millones (+815 millones), y Cataluña, con 1.015 millones (+473 millones).

Por su parte, Castilla y León contará con 378 millones de euros del presupuesto, tras sumar 277 millones adicionales, mientras que Canarias alcanzará los 371 millones (+272 millones). Galicia dispondrá de 399 millones, con un aumento de 293 millones, mientras que Castilla-La Mancha, recibirá 280 millones (+205 millones).

A Comunidad Valenciana le corresponderán 798 millones (+558 millones); Aragón, 266 millones (+195 millones); a Islas Baleares, 168 millones (+123 millones); y a Asturias, 231 millones (+175 millones). La Región de Murcia recibirá 308 millones, lo que supone un incremento de 258 millones.

A Cantabria le corresponderán 133 millones (+98 millones); a Extremadura, con 210 millones (+154 millones); y La Rioja, 266 millones (+195 millones).

Respecto a las ciudades autónomas, Ceuta contará con una dotación de 7 millones de euros, lo que representa un aumento de 4,7 millones, mientras que Melilla dispondrá igualmente de 7 millones, con un incremento de 2,8 millones respecto al periodo anterior.

El plan blinda las viviendas de protección oficial

La mayoría de los fondos, el 60%, los aportará el Ministerio y la gran novedad es que el plan blindará para siempre las viviendas de protección oficial. No podrán perder nunca ese carácter. Se trata de aumentar así el parque público y frenar la crisis de la vivienda.

Se condiciona la financiación de viviendas a que estas sirvan siempre al interés general; incorpora la cláusula antifraude en las adjudicaciones y ofrecerá datos públicos sobre el mercado de la vivienda para que no provengan de "portales privados con intereses privado". Además, en un ejercicio de gobernanza participativa, el Consejo Asesor de Vivienda analizará el cumplimiento de este plan con carácter anual.

Asimismo, según indicó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el plan también realizará una labor fiscalizadora de todas las administraciones para que el Ejecutivo central no pierda el control del desarrollo de las viviendas que son financiadas con dinero público a través de articular canales de transparencia y de acción con carácter semestral para poder hacer seguimiento.

Los precios de la vivienda ya son inasumibles

El pacto se produce en un momento en el que el mercado está dando pasos. Pequeños, pero en una dirección clara. Las ventas de viviendas llevan tres meses seguidos cayendo respecto al pasado año, sobre todo, en vivienda nueva. Por la incertidumbre económica, por el aumento de la inflación y el Euribor y, dicen los analistas, que porque los precios ya son inasumibles para los compradores y se ha llegado a un punto de inflexión. El mercado está entrando en una estabilización que llevará, de momento, a que las subidas sean mucho más moderadas.

El TS anula el Registro Único de arrendamientos de corta duración por falta de competencia

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado hoy mismo la nulidad del procedimiento de registro único de arrendamientos de corta duración que quieran publicitarse en plataformas digitales al entender que el Estado carece de competencia para establecer esta regulación "exhaustiva". En concreto, el Supremo subraya que el Estado carece de título competencial para establecer una regulación exhaustiva de un registro nacional que se superpone a los registros autonómicos existentes respecto a la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos.

La Generalitat Valenciana había recurrido la norma estatal que regulaba este procedimiento de Registro Único de arrendamientos y se creaba la ventanilla única digital para la recogida y el intercambio de datos en los alquileres de corta duración. 

El Supremo ha reconocido que existe "una creciente preocupación, tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel nacional, por el alquiler de alojamientos de corta duración que utilizan los servicios de las plataformas en línea", además de intentar poner freno que "se vienen produciendo en la utilización de esta modalidad de arrendamiento para eludir la normativa estatal sobre los alquileres de larga duración o las normativas autonómicas sectoriales".

Además, ha reflejado que se ha producido un aumento constante de esta modalidad de arrendamientos con incidencia en la disminución del número de viviendas destinadas a arrendamientos de larga duración y el consiguiente aumento del precio de los alquileres y de la vivienda en las ciudades, generando problemas de acceso a la vivienda y el progresivo desplazamiento de los residentes habituales a otras zonas.

Esta situación determinó que en la Unión Europea se dictase el Reglamento UE 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, en el que se establecen normas armonizadas con respecto al sistema de registro y a los requisitos para el intercambio de datos relativos a las plataformas en línea de alquiler de corta duración.

El registro único de arrendamientos de corta duración entró en vigor el pasado 2 de enero de 2025, aunque su aplicación no se hizo obligatoria hasta el 1 de julio del mismo año, finalizado el período de transición para que empresas y administraciones se adapten a lo dispuesto en la norma.

El Tribunal Supremo ha anulado el registro único de arrendamientos de corta duración al estimar parcialmente el recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana, anulando únicamente aquellos preceptos por los que se crea este registro, aunque desestimando lo referente a las disposiciones que regulan la ventanilla única digital, las obligaciones de transmisión de datos de las plataformas en línea y la transmisión de datos con fines estadísticos.

Hoy tenemos noticia también otra noticia sobre los alquileres. Consumo ha abierto una nueva investigación a otra gran inmobiliaria. Llega tras esa sanción de más de 3 millones impuesta en abril a Alquiler Seguro. En este caso, solo ha dicho que es una empresa con miles de alquileres en varias comunidades. El ministro Bustinduy ha explicado que se estudian potenciales infracciones como imponer un seguro de impago al inquilino o multas desproporcionadas por los retrasos en la entrega de las viviendas.