Las claves de la subida de sueldo para los funcionarios: ¿Cuánto cobrarán en 2025, 2026,2027 y 2028?
Los sueldos de los funcionarios subirán un 2,5% para este año; del 1,5% para 2026; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028
La subida de este año, del 2,5%, se abonará en diciembre con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
El acuerdo plurianual firmado hoy elevará los salarios de los funcionarios un 11% en el periodo 2025-2028 se distribuirá de la siguiente manera: 2,5% para este año; del 1,5% para 2026; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028.
¿Cómo es la subida para 2025 ,2026, 2027 y 2028?
La subida de este año, del 2,5%, se abonará en diciembre con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Para 2026, lo que se ha acordado es un incremento salarial fijo del 1,5%, al que se añadiría medio punto más si la inflación a final de año iguala o supera la subida fija del 1,5%. En caso de ser así, ese 0,5% adicional se abonaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos. El del 2026 es el único incremento que contará con una parte fija y variable, todos los demás serán exclusivamente fijos.
Aunque para el conjunto de 2025-2028 la subida pactada es del 11%, los sindicatos estiman que, por el efecto arrastre de los distintos incrementos salariales de cada año, el aumento salarial acumulado que experimentarán los empleados públicos en esos cuatro años podría llegar al 11,5%.
Según cálculos de UGT, sumando salario base y complementos de destino --sin incluir complemento específico ni trienios o el complemento de carrera donde esté implantado-- la ganancia media anual para los trabajadores del grupo A1 (el más alto) será en 2025 de 767,64 euros, para el C1 (el más numeroso), de 478,02 euros, y para el grupo E (el grupo profesional más bajo) será de 333,18 euros.
Para el año 2028, la ganancia total acumulada del 11% será de 3.512,66 euros para el A1; de 2.187,38 euros para el C1; y para el grupo E será de 1.524,61 euros.
El acuerdo incorpora además diversas mejoras en las condiciones laborales de los funcionarios, como la eliminación de la tasa de reposición, la agilización de los procesos selectivos y el refuerzo de las plantillas de atención al público, entre otros aspectos.
Así, los firmantes se comprometen a agilizar y mejorar los procesos selectivos, reduciendo los plazos, territorializándolos para aportar mayor proximidad, eficiencia y rapidez, simplificando y reduciendo las cargas administrativas, y reforzando los programas de becas y se impulsará la implantación gradual de un modelo alternativo basado en criterios de planificación estratégica y gestión de recursos humanos en las Ofertas Públicas de Empleo.
Además, se revisarán al alza en 2026 las indemnizaciones por razón de servicio, incorporando criterios de igualdad entre empleadas y empleados públicos, y los complementos de residencia e insularidad.
Para los sindicatos este, dicen desde CSIF, es el mejor acuerdo posible en este momento y dadas las circunstancias, con un gobierno en minoría, con mucha incertidumbre sobre el futuro de la legislatura y con los presupuestos bloqueados.
¿Por qué se ha logrado el pacto ahora?
El pacto para subir el sueldo a los empleados públicos llega cuando los empelados públicos ya estaban en pie de guerra. Han estado manifestándose en los últimos meses para desbloquear las negociaciones que estaban en punto muerto desde comienzos de año y habían amenazado con ir a la huelga a partir de diciembre. Así que el Gobierno, que tiene ya sabemos muchos frentes abiertos, ha optado por apurar para asegurarse la paz social con los funcionarios. Ha mejorado la oferta que fue rechazada la semana pasada y ha logrado este acuerdo para los próximos tres años que tendrá un coste acumulado de 22.000 millones de euros para las arcas públicas..
¿Por qué CCOO no se suma al acuerdo?
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que la posición del sindicato en este momento es la de no sumarse a la firma del acuerdo de incremento salarial del 11 % para los empleados públicos hasta 2028, que suscriben UGT y CSIF, aunque siguen hablando con el Gobierno para aclarar algunos puntos.
En declaraciones a los medios antes de participar en la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social de la Universidad de Valladolid, Sordo ha dicho que están reclamando al Gobierno "un compromiso nítido" sobre la materialización de cuestiones que han quedado pendientes del anterior acuerdo firmado en 2022.
"Nosotros suscribimos algunas cosas como la carrera profesional en determinados niveles o la posibilidad de utilizar la jubilación parcial, que en este momento son elementos muy importantes que no se han cumplido por parte del Gobierno y estamos demandando garantías del cumplimiento de estas cuestiones", ha explicado. "Son insuficiencias que nosotros en este momento le vemos al acuerdo y veremos lo que ocurre en las próximas horas", ha añadido.
Preguntado sobre el bloqueo de la CEOE en la mesa de diálogo social para la reforma de la ley de riesgos laborales, Sordo ha sostenido que lo veían venir y que ya habían planteando al Gobierno que había que dar un ultimátum porque llevan veinte meses en lo que considera "una situación particularmente delicada".
"La Ley de prevención de riesgos laborales tiene 30 años y conviene tomar medidas adicionales porque no se puede consentir la lacra de accidentes laborales que existen en nuestro país", ha analizado Sordo, quien ha recodado que el 32 % de los accidentes mortales que existen en España "obedecen a causas que ni siquiera estaban registradas en el plan de prevención de las empresas".
Eso es "señal inequívoca de que la calidad preventiva es muy mejorable", ha referido Sordo, quien ha pedido ambición al Gobierno para llegar "a un acuerdo bipartito en las próximas semanas".