‘Los dueños del Estado’: el poder invisible que mueve los hilos en España
El periodista Rafael Méndez publica una exhaustiva investigación sobre el círculo selecto de altos funcionarios del Estado
Explica que operan como un “Estado dentro del Estado” capaz de orientar leyes y bloquear decisiones sin rendir cuentas
En los despachos donde se toman las grandes decisiones del país opera un poder tan determinante como invisible. Se trata de un círculo selecto de altos funcionarios -Abogados del Estado, Letrados de las Cortes y del Consejo de Estado- que conocen la maquinaria de la Administración mejor que nadie y que, en ocasiones, ponen ese conocimiento al servicio de intereses privados, incluso en contra del propio Estado al que pertenecen.
Ese es el diagnóstico de la investigación llevada a cabo por Rafael Méndez (Murcia, 1975), periodista con una dilatada trayectoria en medios como El País, El Confidencial y Salvados, y que formó parte de los equipos que publicaron los cables de WikiLeaks y los Papeles de Panamá. En su libro ‘Los dueños del Estado’ (Península), Méndez se sumerge en lo que denomina los “ángulos muertos” de la información para destapar el entramado de poder de los altos funcionarios en España.
A través de sus páginas, el autor documenta cómo esta red de “mandarines” controla los resortes institucionales y se enriquece gracias a las puertas giratorias y la falta de rendición de cuentas, aclarando que su obra no es un ataque al funcionariado en sí, sino una denuncia de la impunidad y la falta de transparencia que ampara a sus niveles más altos.
Si el derecho administrativo es el mecanismo interno que hace funcionar a un país, los altos funcionarios son sus “relojeros”. Su capacidad de influencia es inmensa: un informe de un Abogado del Estado puede paralizar un proyecto político, ya que ignorar un dictamen negativo expone a los cargos públicos a acusaciones de prevaricación. Este cuerpo de élite, caracterizado por su formación técnica tras superar durísimas oposiciones, se ha convertido en un "Estado dentro del Estado", una estructura a menudo endogámica y resistente al cambio.
Uno de los aspectos más polémicos de este colectivo es el fenómeno de las puertas giratorias, definido por algunos como una «política de puertas abiertas». En el año 2022, el 46% de la plantilla de los Abogados del Estado no ejercía su función pública, encontrándose en excedencia en grandes bufetes o en servicios especiales.
Esta situación ha dado lugar a escenas paradójicas en los tribunales. En los arbitrajes internacionales por los recortes a las energías renovables, donde España se juega miles de millones de euros, Abogados del Estado en excedencia han pleiteado contra el Reino de España en nombre de fondos de inversión extranjeros. Mientras que los defensores del Estado viajan en clase turista y se pelean por complementos salariales, sus antiguos compañeros, ahora en la privada, perciben minutas millonarias y viajan con todos los recursos a su alcance para derrotar a la Administración que los formó.
Aunque la inmensa mayoría de estos funcionarios trabaja con abnegación por sueldos inferiores a los del sector privado, Méndez denuncia que el sistema carece de incentivos para que la prensa o los políticos pongan el foco en sus conflictos de intereses.