El ministro la suaviza tras sugerencias y propuestas de miembros del Gobierno. Pero mantiene multas de tipo gubernativo, más caras de recurrir que las judiciales. La multa por una marcha no autorizada ante el Congreso baja de 600.000 euros a 30.000 euros. Amenaza o insultar a un agente pasa de ser grave a leve, con un máximo de 1.000 euros de multa.