El Ejecutivo comunitario denegó en 2013 el registro a la iniciativa 'Minoriry Safe Pack' por considerar que algunas de las propuestas que recogía estaban fuera del ámbito de sus competencias. En concreto, la iniciativa exponía once ámbitos para elaborar propuestas y proporcionaba indicaciones sobre los tipos de normas que debían adoptarse y su contenido.
En su sentencia de este jueves, el TUE ha anulado la decisión de la Comisión Europea porque cree que "la motivación facilitada para denegar el registro de la propuesta en cuestión es manifiestamente insuficiente".
Así, la justicia europea afirma que Bruselas debería haber indicado las medidas enunciadas en el anexo de la propuesta que no estaban en el ámbito de sus competencias y los fundamentos en los que se basó su conclusión. Por ello, considera que no se ha dado al comité de ciudadanos la posibilidad de impugnar el rechazo del Ejecutivo comunitario a registrar la iniciativa.
Además, el Tribunal General subraya que, a falta de una motivación completa, quedaría "seriamente comprometida" la eventual presentación de una nueva propuesta que tenga en cuenta las objeciones de la Comisión Europa en relación a la admisibilidad de algunas propuestas y, del mismo modo, el objetivo "fomentar la participación ciudadana en la vida democrática y de hacer la UE más accesible".