En un manifiesto en defensa de los políticos y de las instituciones del pueblo de Cataluña, aprobado por el pleno del IEC, ha reflejado su apoyo al expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsellers Francesc Homs e Irene Rigau por consultar a los ciudadanos sobre el futuro político de Cataluña.
Asimismo, ha apoyado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a los miembros de la Mesa de la cámara catalana y los alcaldes y concejales procesados por ejercer de "manera coherente, pacífica y democrática los cargos para los que fueron escogidos".
"Querer anular a los representantes políticos de Cataluña elegidos democráticamente porque aplican con coherencia el programa que los electores sancionaron con su apoyo es una alteración grave de la vida democrática y una ofensa a la ciudadanía", ha sostenido.
También reprocha al sistema judicial español por actuar con una diligencia excepcional ante iniciativas que salen del Parlament, no solo políticas "sino incluso las que tienden a mejorar las condiciones de la vida social" de los catalanes.
Ha remarcado que la actuación de los últimos Gobiernos centrales y del Tribunal Constitucional se han inspirado en las tesis más reaccionarias de organización de Estado, y ha sostenido que "el ahogo de la voz del Parlament ha acabado de convencer de que los catalanes son excluidos, como tales, de la vida del Estado".
También ha considerado "grave, antidemocrático y falto de ética y transparencia el uso de fondos del Estado para levantar sospechas y confeccionar informes falsos sobre políticos y otros conciudadanos", y ha señalado que exculpar a los responsables de estas acciones es propio de gobiernos dictatoriales.