Esta organización basa estos datos en los certificados de gasto en Autonomía personal y Dependencia del ejercicio 2015 que las comunidades autónomas han remitido al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, mediante los cuales, según indica, "se puede verificar el gasto público autonómico en atención a la dependencia junto a los ingresos que reciben del Estado para tal fin".
Con estos documentos, la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales señala que los datos oficiales obtenidos, "confirman" lo que venía denunciando la organización estos años en base a sus propias estimaciones.
Si bien recuerda que la Ley de Dependencia establece que el sistema debe ser financiado en su gasto público a partes iguales (50%) por la Administración General del Estado y las autonomías, sin embargo, "la realidad es que el Estado aportó en 2015 sólo el 18,1% del gasto público frente al 81,9% de las comunidades autónomas".
A juicio de los responsables de esta entidad, el recorte acumulado del Gobierno en dependencia desde 2012 asciende a "más de 2.865 millones de euros y recuerdan que así lo reconoce en el Plan de Estabilidad y en los Planes de reformas remitidos a Bruselas.
"El quebranto para las comunidades autónomas en la financiación de esta importante política social las coloca en una encrucijada de muy difícil salida, cuando son ellas las que deben responder ante las personas dependientes", alertan.
Asimismo, sostienen que las certificaciones anuales remitidas al Observatorio de la Dependencia --a excepción de País Vasco y Navarra-- arrojan un gasto público total certificado de 6.256 millones de euros. De toda esa cantidad, indican la aportación finalista del Ministerio de Sanidad para esos territorios fue de 1.130 millones.