Así lo establece el Real Decreto Legislativo de 29 de noviembre de 2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. El plazo mencionado también se hace extensivo a bienes y servicios de titularidad privada existentes a 4 de diciembre de 2015, que sean susceptibles de ajustes razonables, cuando no los suministren las administraciones públicas.
"La accesibilidad a la información y la comunicación es cuestión de necesidad, no de mayorías", ha afirmado la presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), Concha Díaz, que ha advertido de que el derecho a la accesibilidad "no depende de cuántas personas necesitan un recurso determinado para poder vivir inclusivamente".
A partir de esta normativa y a lo dispuesto en la Ley 27/2007 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconocen la lengua de signos como lengua propia de las personas sordas, las administraciones públicas no tendrán respaldo legal para justificar la falta en la implementación de las medidas necesarias para asegurar la accesibilidad de las personas sordas a la información, así como su acceso a los procedimientos administrativos en igualdad de condiciones.
Díaz ha apuntado que no sólo es necesario que los gobiernos estatal y autonómicos se comprometan con la aplicación de aquellas normas a favor de la plena inclusión y participación social de las personas con discapacidad, sino que también es "imprescindible" que se haga un seguimiento del cumplimiento de la ley en todas las entidades públicas y privadas que ofrecen servicios públicos, utilizando el régimen sancionador que establece la ley general de discapacidad para los casos de incumplimiento.
"De no haber consecuencias tras esos incumplimientos, el plazo no servirá para nada" ha subrayado, para añadir que el movimiento asociativo CNSE, en tanto que representantes de la sociedad civil, seguirá estando vigilante para que la legislación en materia de accesibilidad se cumpla y sea garante de los derechos de todas las personas sordas.