La policía vende al sospechoso de un robo a una turba para que lo linchen

cuatro.com 18/08/2011 13:20

El emigrante guatemalteco era residente en un centro de acogida en Tultitlán.

La muerte de Julio Fernando Cardona, de 19 años, ocurrió el pasado 8 de agosto y provocó una protesta de la Embajada de Guatemala por la posible complicidad policial en un hecho delictivo, según publica el periódico 'El Heraldo' .

Cardona fue linchado, mientras le reclamaban que devolviera lo que supuestamente había robado, aunque varios testigos coinciden en que el joven que intenteaba llegar a Boston, Estados Unidos, no tuvo que ver con el asalto.

Uno de los compañeros del fallecido, que compartía asilo en el centro de acogida aseguró que Cardona no había cometido el delito.

"Los policías habían detenido al que no era; se equivocaron", contó el testigo que además reveló que los policías habían cobrado el dinero para entregarlo al grupo de gente que se erigió en justiciero.

El sacerdote Hugo Raudel, director de la 'Casa del Migrante de San Juan Diego', que alberga a 2.000 emigrantes, casi todos centroamericanos, señaló a periodistas que la policía detuvo a Cardona y lo subió a una patrulla.

"Los policías lo suben pero no lo entregan (a la fiscalía) sino que lo anduvieron y lo entregaron por 500 pesos" a un grupo de jóvenes, exaltados porque los habían robado.

"Primero llegaron los policías y ellos negociaron por los billetes para dejar que lo golpearan", contó otro testigo de nacionalidad hondureña que no quiso identificarse.

El martes, Amnistía Internacional reclamó al gobierno de México proteger el albergue de la furia de vecinos que el sábado "amenazaron con quemarlo si no se cerraba", según un comunicado.

Tultitlán es un paso habitual de migrantes pues por allí pasa el tren llamado 'La Bestia', en el que miles de emigrantes usan para llegar a la frontera sur estadounidense.

Según las cifras oficiales del Gobierno mexicano, 140 mil emigrantes, principalmente centroamericanos, cruzan México para llegar a Estados Unidos, aunque ONG los cifran en más de 400.000 y denuncian que muchos son asaltados, violados y secuestrados con la complicidad de autoridades.