La sentencia es de carácter definitivo, los jueces de Estrasburgo han considerado que Irlanda ha violado el derecho a la vida privada y familiar de la mujer, cuyo cáncer estaba ya en remisión. Los jueces han estimado que la resolución de los recursos judiciales irlandeses no constituía procedimientos efectivos y accesibles para permitir a la querellante poder abortar en Irlanda.
La mujer, de origen lituano, había sido sometida a una serie de pruebas contraindicadas en caso de embarazo cuando se encontraba en proceso de remisión del cáncer. Por este motivo, consideraba que el embarazo le podía provocar una recaída.
La Corte irlandesa le otorgó en su momento una indemnización de 15.000 euros por el daño moral.
Por el contrario, la Comisión Estatal de Derechos Humanos desestimó dos demandas de mujeres que querían abortar por razones personales, anteponiendo el margen de apreciación de los Estados miembros del Consejo de Europa en relación a la cuestión del inicio de la vida. Según la ley irlandesa, el aborto es un crimen pasible de cadena perpetua.
Las tres mujeres, finalmente, abortaron en el Reino Unido.