El cargo de agresión interestatal ha sido objeto de una fuerte polémica. Estaba estipulado originalmente en los estatutos originales del TPI pero nunca ha terminado de quedar implantado por completo porque, primero, implica reconocer el ataque a la soberanía de un país por parte de otro, y designar luego a los presuntos culpables entre sus líderes.
Ya en 2010, una conferencia en Kampala ya había ayudado a definir mejor el concepto de "crimen de agresión", pero 89 países se negaron a ratificar las enmiendas entonces redactadas. Siete años después, se ha llegado a un consenso, aunque todavía dista de gozar de unanimidad.
La agresión se sumará a los crímenes de lesa humanidad, genocidio y los crímenes de guerra, que el TPI investiga y lleva ante la justicia.
La resolución adoptada el jueves por la noche, sin embargo, no permite enjuiciamientos retroactivos y solo se aplica a los estados partes, lo que significa que China, Rusia y Estados Unidos no se verán afectados.
Por otro lado, mediante la resolución adoptada sobre las enmiendas al artículo 8 del Estatuto de Roma se incorporan tres crímenes de guerra al mandato de la Corte: la utilización de armas microbianas, biológicas o tóxicas; el empleo de armas que causan lesiones mediante fragmentos que no pueden localizarse por rayos X; y el uso de armas láser.