El texto, cuyo borrador ha sido publicado este jueves por el Tercer Comité --y recogido por la agencia surcoreana de noticias, Yonhap--, marcaría el tercer año consecutivo en que la ONU solicita al Consejo de Seguridad que lleve la cuestión ante el TPI, después de la histórica resolución de 2014.
En particular, la resolución de este año expresa su "gravísima preocupación" por la "explotación de trabajadores enviados al extranjero desde la República Democrática Popular de Corea para trabajar en condiciones que podrían calificarse de trabajo forzado".
Es la primera vez que la Asamblea General menciona en una resolución a estos trabajadores, que se han convertido en una cada vez más importante fuente de ingresos en divisa extranjera para Pyongyang, preocupante por la percepción de que el país podría utilizarlo para reforzar su programa nuclear.
El pasado mes de julio, un informe de la Alianza Europea para los Derechos Humanos en Corea del Norte (EAHRNK, por sus siglas en inglés) advirtió de que el régimen norcoreano estaba enviando a cientos de "esclavos estatales" a países de la Unión Europea (UE) para tratar de recaudar dinero con el que sortear las sanciones promovidas desde la comunidad internacional.
Según un informe de la ONU difundido el año pasado, unos 95.000 norcoreanos trabajan en el extranjero y permiten al Estado ingresar entre 1.200 y 2.300 millones de dólares.
La mayoría están destinados en Rusia o China, pero también hay casos en países africanos o de Oriente Próximo como Qatar, en este último caso en las obras para el Mundial de fútbol de 2022.
Estos trabajadores tienen turnos de entre 10 y 12 horas, seis días a la semana, y repatrían hasta el 90 por ciento del salario a su país de origen. Los sueldos europeos permiten, en este sentido, una mayor recaudación para el régimen de Kim Jong Un, por lo que cientos de norcoreanos han terminado trabajando en países de la UE --con mayores ingresos--.