"El veredicto es otra clara indicación de que el aparato judicial corrupto está siendo utilizado por los comandantes golpistas para reprimir la revolución egipcia e instalar un régimen brutal, que ya ha estado en el poder durante décadas de opresión y tiranía en la historia del país", ha dicho a través de un comunicado.
"Estas sentencias injustas no debilitarán nuestra determinación. El pueblo egipcio continuará su revolución pacífica hasta que se haga justicia", ha agregado la formación, antes de recalcar que tomará "todas las medidas legales para apelar el veredicto".
Por su parte, Hamza Zawbaa, alto cargo del Partido Libertad y Justicia (PLJ), brazo político de Hermanos Musulmanes, ha valorado que "las sentencias de muerte contra políticos y revolucionarios implican que la revolución ha entrado en una nueva fase que requiere nuevos métodos".
Asimismo, el secretario de las juventudes del PLJ en Giza, Alí Jafagi, ha apuntado que las condenas "equivalen a un crimen de genocidio", argumentando que "hay agentes que matan manifestantes pacíficos con balas y jueces que los matan con sentencias injustas".
Los abogados defensores de los condenados ya han anunciado que apelarán la decisión, según ha informado el diario egipcio 'Al Ahram'. Mohamed Tosson, miembro de la defensa, ha tildado el veredicto de "el más rápido y extraño de la historia de la Justicia egipcia", al tiempo que ha recalcado que el juez no ha dado tiempo a la defensa para presentar su caso, violando los procedimientos.
"Este veredicto es nulo bajo el Código Penal y bajo la recientemente ratificada Constitución", ha dicho, antes de apuntar que el único objetivo del mismo es intentar intimidar a Hermanos Musulmanes.
El tribunal ha decidido absolver a otros 16 acusados, en un caso en el que sólo han asistido al proceso 147 acusados porque el resto están huidos y han sido juzgados en rebeldía, según señala el portal informativo Aswat Masriya.
La agencia oficial de noticias MENA ha indicado que los seguidores del presidente depuesto de Egipto Mohamed Mursi están acusados de haber matado al subcomisario de Matai y de intentar asesinar a otros dos mandos policiales, además de destrozar mobiliario público por haber quemado esa comisaría y de incautarse de armas y alterar el orden público.
Los hechos juzgados sucedieron después del 14 de agosto, el día en el que las fuerzas de seguridad egipcias desalojaron por la fuerza dos campamentos de protesta que apoyaban a Mursi en El Cairo, causando la muerte de cientos de manifestantes.
Tras el desalojo, varias comisarías e iglesias en diferentes puntos del país fueron atacadas, principalmente en las zonas de Minya, Sohag y Assiut.