El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del proyecto de ley que modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad ilícita, y prohíbe el "spam" telefónico y otras prácticas comerciales agresivas.
Como principal objetivo la norma pretende aumentar el nivel de protección de los consumidores y de las empresas y profesionales que compiten legítimamente, así como contribuir al buen funcionamiento del mercado interior.
Con esta ley se traslada al ordenamiento jurídico español la directiva europea de 2005 relativa a prácticas comerciales desleales y la de 2006 sobre publicidad engaños y publicidad comparativa.
Defendiendo a los consumidores
Según el texto del proyecto, se podrán perseguir legalmente el "spam", prácticas comerciales agresivas y comportamientos comerciales contrarios a la buena fe, la diligencia profesional y aquellos que distorsionen el comportamiento económico de los consumidores.
El texto considera que pueden alterar el comportamiento de los consumidores las conductas engañosas que contengan información falsa o que, aun siendo veraz por su contenido o presentación, puedan inducir a error a los destinatarios en cuestiones como la asistencia postventa o el tratamiento de las reclamaciones.
Asimismo se consideran desleales la ocultación de información necesaria, la transmisión de información de manera poco clara, ininteligible, ambigua o en un momento que no sea adecuado o inducir a los consumidores a tomar decisiones inmediatas con el pretexto de que un servicio sólo estará disponible solo un tiempo limitado y esto no sea cierto.