El Gobierno aprueba en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de financiación de RTVE, que renuncia a la inclusión de publicidad y prevé aportaciones del Estado, de las televisiones comerciales y del sector de las telecomunicaciones.
La propuesta del Ejecutivo, que en palabras de De la Vega culmina el proceso de reforma de los medios estatales, busca así mismo afianzar el papel de servicio público de RTVE. Para ello los ingresos públicos solo servirán para financiar actividades de servicio público y no podrán ser utilizados para pujar con otros competidores por derechos de gran valor.
Sólo se podrá utilizar el 10 por ciento para la adquisición de derechos deportivos,
con exclusión de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y un 20 por ciento para invertir en cine español.
La vicepresidenta primera del Gobierno señala que este anteproyecto de ley "afianza el modelo de una RTVE pública mayoritaria, sostenible e independiente, que clarifica el panorama de la televisión en España".
¿Quién paga esto?
El problema evidente que arroja la supresión de la publicidad en la televisión pública es el de la financiación de la cadena. Una vez en vigor la ley, la Corporación RTVE se financiará con recursos públicos exclusivamente, gran parte por la aportación del Estado por sus obligaciones de servicio público.
El resto, se hará mediante la aportación de un 3 por ciento de los recursos de aquellos operadores que emitan en todo el Estado o en más de una comunidad autónoma y por los operadores de telecomunicaciones con un 0,9 por ciento. Modelo al que ya se ha opuesto frontalmente la Asociaciación Española de Operadoras de Telecomunicaciones.
De la Vega ha sido tajante al afirmar al respecto que "parece razonable que quienes vayan a obtener beneficios e ingresos derivados de esa utilización de lo audiovisual en sus negocios privados puedan contribuir a la financiación del servicio público en una parte".
Este anteproyecto de ley se remitirá ahora al Consejo de Estado y a la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones.