En un auto recogido por Europa Press, el magistrado instructor de la causa, José Francisco Valls, ordena juzgar a los tres políticos por los delitos de desobediencia grave cometido por cargo público y prevaricación administrativa, por los que Mas se enfrenta en calidad de autor, según petición del fiscal, a diez años de inhabilitación, mientras que Rigau y Ortega, como cooperadoras necesarias, a nueve.
Pese a que lo solicitaba la acusación popular, el juez descarta el delito de malversación de caudales públicos, el único que acarrea penas de prisión.