El expresidente de la Generalitat se ha negado a contestar las preguntas de la Fiscalía y de la acusación popular. Al preguntarle el ponente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) qué preguntas accede a contestar, Mas ha dicho que no responderá "ninguna" de la Fiscalía ni de la acusación popular, sino de su defensa y de las defensas de las otras dos acusadas --las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau--.
Mas ha contestado a las preguntas de su abogado, Xavier Melero, a quien le ha dicho que fue suya la "iniciativa política" de la consulta sobre la independencia de Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y de su gobierno. "Quiero dejar claro que las directrices venían de la presidencia de la Generalitat y de mi mismo, los otros miembros del Govern siguieron estas directrices, eso afecta a Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs”, ha afirmado ante el tribunal.
El expresidente catalán ha recordado que la iniciativa de impulsar el 9N tenía "unas raíces profundas claras, y estrictamente democráticas" y que "no fue un capricho individual o una salida de tono".
Además, ha asegurado que los 42.000 voluntarios que participaron en la consulta "fueron elemento y pieza clave imprescindible de la organización del 9N" y sin ellos ha admitido que "no hubiéramos podido hacerla".
Ha explicado en el juicio que, después de que el TC suspendiera el 29 de septiembre varios preceptos de la Ley autonómica de consultas y la convocatoria de la consulta popular, hubo un cambio de formato en el que la administración "ya no tenía capacidad por ella misma de llevar a cabo el proceso participativo".
Según ha dicho, sobre todo querían hacer "algo serio y que se entendiera en todo el mundo", y que, ante un proceso de alta complejidad organizativa y logística, o se apuntaba mucha gente o no se hubiera podido llevar a cabo.
Sobre la organización de la consulta, ha explicado que tenían un gran compromiso para hacerla porque era la voluntad "de una buena parte del pueblo de Cataluña", por lo que siguieron sin renunciar a su objetivo y cambiando el formato que el TC había puesto en cuestión.
Mas, Ortega y Rigau se enfrentan a los delitos de desobdiencia y prevaricación por la organización de la consulta independentista en 2014.
La exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ha defendido que, cuando el TC suspendió la consulta sobre la independencia, su departamento había finalizado su labor y se dejó en manos de los voluntarios: "Ellos fueron el alma y quienes lo hicieron posible".
Por otro lado, la exconsellera Irene Rigau, ha asegurado que no recibió ningún requerimiento por parte del Tribunal Constitucional sobre las posibles consecuencias de la celebración del 9N. Además, Rigau ha negado ante el juez cualquier tipo de "coacción" hacia responsables de centros educativos que se hubieran podido negar a abrir escuelas o institutos para celebrar el proceso participativo del 9N.