Mariano Rajoy ha querido irse a la Cumbre asiática del G-20 dejando clara la postura del Gobierno sobre la consulta del 9-N: Fracaso de las tesis independentistas, escasa capacidad de movilización de los grupos políticos proconsulta, hartazgo de la población con la agenda secesionista y abandono de los asuntos importantes que acucian a la ciudadanía.
Sus tesis son el anuncio de que nada cambiará en la agenda política del Gobierno de cara a Cataluña, por lo que "una consulta definitiva no puede ser". Rajoy ha argumentado que no se va a mover, ni va a ofrecer ningún plan especial para intentar que no crezca el independentismo en Cataluña, porque está convencido de que la jornada del domingo fue un "absoluto fracaso" sobre todo porque dos tercios del censo de votantes dio la espalda a Artur Mas y Oriol Junqueras.
Su análisis se basa en que “no ha habido consulta” y que, adelantándose a las propuestas del presidente Mas, la “consulta definitiva no puede ser”.
Pero Rajoy también ha reconocido aspectos importantes que afectan a su labor política. Entre líneas ha confirmado las negociaciones entre mediadores de la Generalitat y el Ejecutivo central que durante las semanas previas a la consulta intentaron evitar la celebración de la consulta.
Mas vuelve a pedir un referéndum
Desde Cataluña, el president Mas le ha respondido este miércoles con un discurso en el que vuelve a insistir en la necesidad de un referéndum consensuado y vinculante para que la ciudadanía pueda expresarse libremente en las urnas. Ese también ha sido el mensaje que le ha transmitido a través de la carta que le ha remitido y en la que habla de "diálogo permanente" entre gobiernos.
El punto de partida de Mas es el análisis de los datos del 'proceso participativo' del 9-N en el que según la Generalitat participaron 2,3 millones de personas. Con este refuerzo, cree que desde el Gobierno central, poco o nada se va a mover a favor de un referéndum consensuado por lo que solo le queda la salida de unas elecciones anticipadas.
Sus socios de ERC se han adelantado este miércoles y en el Parlament han anunciado su hoja de ruta para la declaración unilateral de independencia.
Han lanzado un plan integrado por cuatro puntos que será dicfícil de aceptar para CiU y que pasa por la independencia, la plena ocupación, el compromiso social, y la erradicación de la corrupción. El propio Junqueras ha exigido al presidente catalán que convoque elecciones inmediatas.
Las querellas, en manos de los fiscales catalanes
Si la respuesta política al reto secesionista de Artur Mas ha sido duramente criticadas en el seno del PP, la respuesta jurídica no lo ha sido menos. Se esperaba que desde la Fiscalía se paralizase la consulta del 9N y se obligase a la Genralitat a cumplir con las sentencias del Tribunal Constitucional, pero hasta la fecha nada de esto ha ocurrido.
Este miércoles, tenían reunión en Madrid el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce con los fiscales de Cataluña para unificar el criterio a seguir sobre las querellas a interponer contra Artur Mas y varios consejeros de su Gobierno. Al final, el representante máximo del ministerio público ha optado por dejar al criterio de los fiscales catalanes la decisión de interponer o no una querella los responsables del 9N.