"El proyecto político independentista es legal y acorde con el derecho internacional de los estados democráticos. Negar el espacio político independentista es negar la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional", resume el recurso, recogido por Europa Press.
El mismo documento niega que puedan imputárse a Junqueras y Romeva los delitos de malversación y rebelión: el primero porque asegura que no se dedicaron fondos públicos al referéndum, y el segundo porque en ningún momento del proceso soberanista ha habido un "alzamiento violento".