El exconsejero de Caja Madrid a propuesta del PP, Alberto Recarte, ha asegurado este jueves que "nunca" puso en duda la legalidad del sistema de las tarjetas 'black' de Caja Madrid y Bankia y que siempre se fió de su equipo jurídico a la hora de hacer uso de este plástico, al que cargó 138.903 euros durante el tiempo que perteneció a la entidad extinta.
A preguntas de las partes en el marco de esta nueva sesión del juicio por el uso presuntamente fraudulento de los plásticos, Recarte ha vuelto a apuntar, como hiciera parte de sus antecesores en el turno de la palabra, al exsecretario general de Caja Madrid, Ángel Montero, --fallecido en el año 2000-- como la persona que le entregó la Visa.
Hasta el momento, ha dicho, no tenía conocimiento de la misma, y cuando se la dieron le dijeron que no tenía que justificar ningún gasto, según ha precisado el acusado, que al igual que el resto de 64 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid que se beneficiaron de las tarjetas, se le atribuye delito continuado de apropiación indebida y administración deseal.
"No hay uno solo de los gastos que realizara con la tarjeta que no fuera firmado" ha asegurado ante el tribunal que preside Ángela Murillo, a quien le ha dicho que hay entre sesenta y cien errores que ha detectado en el desglose de compras a su nombre que constan en el informe pericial presentado por Bankia a la causa.
"Estamos hablando de que probablemente entre todos los presentes haya entre 3.000 y 6.000 errores y Bankia no ha modificado ni uno solo. ¿Por qué lo ha hecho así? Es obvio que sabe que como cambie uno de esos datos va a tener que explicar cómo ha hecho la hoja y no están dispuestos (...) Es tan poco serio que lo menos que uno puede hacer es rechazar cualquier información que se desprenda de la misma", ha respondido el acusado al fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón.
"SOY ABSOLUTAMENTE INOCENTE"
Recarte, para el que el Ministerio Público pide cuatro años de prisión y multa de 81.000 euros, ha dicho que es "absolutamente inocente" de los delitos que se le acusan y ha añadido que para que haya apropiación indebida tiene que existir una motivación económica.
Le ha precedido en el uso de la palabra José María Arteta --exconsejero de Caja Madrid a propuesta del PSOE-- que ha dicho que el mencionado documento de Bankia donde aparecen uno a uno los gastos efectuados por los 65 exconsejeros y que suman un total de 12,5 millones entre los años 2003 y 2012, está "plagado de errores": "He contabilizado más de doscientos. Hay anotaciones que están mal, a mí se me atribuyen gastos en una conocida cafetería y a la vez una comida en una marisquería" precisado Artea quien ha respondido que utilizó el plástico para gastos de libre disposición relacionados con la actividad de la entidad.
TARJETA VIGENTE TRAS SU SALIDA
Los dos acusados han reconocido que siguieron comprando con la Visa tras su salida de la caja porque así se lo autorizaron. En concreto, Arteta ha subrayado que se le consintió su uso y que era "una práctica y un proceso habitual". En su caso cesó el 27 de enero y no volvió a utilizar la 'black' hasta quince días después cuando ya tuvo confirmación para hacerlo.
"Yo me quedé muy tranquilo de que había un control y las cosas funcionaban correctamente", ha dicho para luego añadir que se enteró del escándalo de las tarjetas cuando salió publicado "en todos los medios de comunicación de España" que contaban seis años de su vida.
"No tuve en ningún momento duda. Siempre actué de buena fe pensando que la tarjeta era legal", ha dicho y se ha mostrado sorprendido por el procedimiento ya que nadie nunca le requirió ninguna cantidad del dinero gastado y "de repente" se encuentra sentado en la Audiencia Nacional "nada menos".
La ronda de interrogatorios se ha reanudado este jueves después de que hayan prestado declaración los expresidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato respectivamente, el exdirector de Medios de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj, y los exconsejeros José Antonio Moral Santín, Francisco Baquero, Estanislao Rodriguez-Ponga, Antonio Romero, Ricardo Romero de Tejada, José María de la Riva, Ignacio de Navasqües, Ramón Espinar y José Manuel Fernández Norniella.
El banquillo de los acusados lo completa una nutrida representación de políticos del PP, PSOE e IU, que ocuparon Ministerios y secretarías generales, líderes sindicales de UGT y CC.OO y de CEIM y CEOE y hasta el exjefe de la Casa Real, Rafael Spottorno en el marco de una causa que se destapó con un correo electrónico en el que se hacía mención a esta práctica.