Lo ha dicho en una entrevista del 324 recogida por Europa Press, después de que Ulled haya dicho preguntado por si comprar urnas es delito: "No sé si es o no es delito. ¿Comprar una pistola es delito? Depende. ¿Usted tiene licencia? ¿No la tiene? Hay muchos factores".
"¿Por qué resulta que Andalucía puede comprar urnas bajo las mismas competencias y criterios, y nosotros no?", se ha preguntado Borràs, que recibió este martes la notificación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que admite a trámite la querella de la Fiscalía General contra ella y el exsecretario general del departamento Francesc Esteve.
Ha garantizado que la acción del Govern está siendo impecable y se adecua a sus competencias, y ha sostenido que el Gobierno central pretende generar una "especie de colapso a nivel de la administración" catalana, haciendo creer que los trabajadores públicos están en peligro, con una amenaza continua.
VINCULANTE POR LA PARTICIPACIÓN
Tras recordar que el Govern formará a voluntarios para el referéndum, Borràs ha garantizado que se podrá ejercer el voto en todos los municipios, y ha defendido: "Lo que seguro que lo hace vinculante es la cantidad de gente a la hora de votar. La participación es un elemento clave".
Preguntada por si el Govern prevé el voto electrónico para el referéndum, ha dicho que lo establecerá el decreto, y ha asegurado que el ejecutivo de Carles Puigdemont está trabajando para asegurar el voto de catalanes en extranjero, asunto que corresponde, "como en cualquier país normal, al Ministerio, en este caso a la Conselleria de Asuntos Exteriores", cuyo nombre original ha sido declarado inconstitucional este mismo miércoles.
Sobre las acciones del Govern el día después del referéndum, Borràs ha garantizado que se respetará el resultado sea cual sea, y ha añadido: "Si sale que sí, lógicamente, como la pregunta es en forma de república, se deberá tirar para adelante la república catalana".
Borràs, que ha presentado este mismo miércoles el índice de precios de alquiler, ha señalado que estos precios han aumentado un 9% en Barcelona y un 5% de media en Cataluña en un año, y ha asegurado que se impulsarán incentivos para promover su rebaja.