CONVALIDACIÓN DEL DECRETO LEY SOBRE CLÁUSULAS SUELO
Al respecto de la convalidación del decreto ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo indebidas, la norma ha contado con el voto a favor del PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias, frente a la abstención del PSOE y PNV, y el voto en contra de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC, PDECat, Compromís y Bildu.
Además, PP, PSOE y Ciudadanos han impedido que sea tramitado como proyecto de ley por la vía de urgencia, lo que hará imposible que el texto del Gobierno sea modificado por la oposición como pedía Unidos Podemos o ERC.
Durante su intervención en el pleno, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha defendido que el decreto que fija el mecanismo busca dar una respuesta "eficaz" a los consumidores afectados, y ha afirmado que gracias a la reforma financiera las entidades pueden hacer frente a la devolucíón "sin ningún tipo de incertidumbre"
Así, ha destacado además se buscará que dicha respuesta sea "rápida" para que los afectados puedan cobrar en el menor plazo posible las cantidades que les fueron indebidamente cobradas por las cláusulas suelo.
En este sentido, ha subrayado que en el sistema financiero es aún "más importante" la transparencia que el capital, algo a lo que contribuyó la reforma del sector, gracias a la cual las entidades "pueden hacer frente a esta situación sin generar ningún tipo de incertidumbre", cuando era "totalmente impensable" hace unos años.
De hecho, ha indicado que si las medidas de transparencia introducidas en 2013 con la reforma financiera se hubiesen desarrollado con anterioridad, se habrían evitado "muchos problemas".
CONVALIDACIÓN DEL DECRETO SOBRE 'GARANTÍA JUVENIL'
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado también la convalidación del real decreto ley de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que introduce mejoras en el registro del plan para llegar a un mayor número de beneficiarios y fija la conversión de reducciones a la cotización a la Seguridad Social en bonificaciones.
En concreto, la convalidación de la norma ha contado con el voto a favor del PP, PSOE, Ciudadanos, Coalición Canaria y Foro Asturias, frente a la abstención de Unidos Podemos, ERC, PNV y el PDECat. De hecho, del mismo modo que en el decreto anterior, PP, PSOE y Ciudadanos han impedido que sea tramitado como proyecto de ley por la vía de urgencia, lo que imposibilita que el texto del Gobierno sea modificado por la oposición.
Durante su intervención en el debate de convalidación de la norma en el Pleno de la Cámara Baja, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha avanzado que gracias a las medidas contempladas en el decreto ley de medidas urgentes para el impulso del sistema nacional de Garantía Juvenil, el número de inscritos en el sistema se ha incrementado en 500 jóvenes al día, con un total de 13.897 adheridos.
Báñez ha defendido la importancia de la nueva ley, ya que busca mejorar el sistema de inscripción de los jóvenes y además mejora los requisitos de acceso a los planes de formación, de forma que la Garantía Juvenil, que hoy cuenta con más de 420.000 inscritos, de los que unos 145.000 han encontrado un empleo, tiene aún más de un millón de potenciales beneficiarios que atender.
De esta forma, ha marcado la necesidad de darle un "nuevo impulso" a la Garantía Juvenil con medidas en materia de inscripción, sobre lo que ha explicado que se simplifican los requisitos de acceso al sistema, ya que antes hacían falta tres meses o 30 días sin estar recibiendo formación o trabajando, mientras que ahora basta con no haberlo hecho el día anterior a la solicitud de inscripción.
CONVALIDACIÓN DEL DECRETO SOBRE LA POBREZA ENERGÉTICA
Finalmente, en el Pleno también se ha convalidado el real decreto ley por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, como la prohibición de los cortes de suministro a las familias a los usuarios de especial vulnerabilidad.
El texto, en vigor desde el 24 de enero tras su aprobación un día antes por el Consejo de Ministros, llegaba al Congreso con el respaldo del PSOE y Ciudadanos gracias al pacto alcanzado por el Gobierno.
En el Pleno de la Cámara Baja, estas tres formaciones han sustentado los votos a favor de la convalidación, mientras que Unidos Podemos se ha opuesto. Además, nuevamente, el PP, PSOE y Ciudadanos han rechazado tramitar el decreto ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
En su intervención, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, pidió el respaldo a este decreto ley para que cuente con el mayor "consenso parlamentario, que le dé valor jurídico y político".
"Es un tema que nos preocupa a todos, estamos hablando de cómo combatir la pobreza energética y es importante establecer algún tipo de apoyo social, y cuanto más grupos parlamentarios se unan mejor, ya que hace el sistema más robusto", dijo.
Asimismo, Nadal consideró que este real-decreto ley permite también realizar "una reforma" del bono social vigente desde 2009, para lo que hay "un consenso" de la Cámara Baja, y para cuyo desarrollo del reglamento ya se han iniciado las conversaciones con todas las fuerzas políticas para que exista "el máximo consenso político posible".
El ministro destacó que la normativa permite garantizar el sistema de financiación del bono social, que era el "escollo fundamental". "Sin financiación no tendremos bono social. Si no existiese una financiación adecuada el sistema en su conjunto estaba en peligro", añadió al respecto.
El bono social supone un descuento del 25% en la factura final de electricidad y a él pueden acogerse los consumidores más vulnerables, un colectivo que actualmente incluye a las familias con todos sus miembros en situación de desempleo, a los perceptores de pensiones mínimas, a las familias numerosas y a los consumidores con potencia contratada inferior a tres kilovatios.
Más allá, la norma establece que no podrá suspenderse el suministro eléctrico a los consumidores en situación de especial vulnerabilidad que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las administraciones públicas competentes.