En declaraciones antes de acudir a la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP, Cifuentes ha tildado de "auténtica vergüenza" que por la declaración de un presunto delincuente tenga que acudir a comparecer, ya que no solo no ha tenido "nada que ver con la gestión administrativa ni la financiación" sino porque "nunca hasta ahora se había convocado a una comisión de investigación a un representante institucional que no estuviera encausado".
Para ella, esto se trata del "mundo al revés" y considera que, para la oposición, "todo vale". Cifuentes cree que el caso se vuelve "aún más grave" si se tiene en cuenta que hay resoluciones judiciales que han rechazado que ella tenga que acudir al Juzgado respecto a estos temas.
En este punto, ha recordado que el propio fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha indicado que las declaraciones vertidas por el exsecretario regional del PP Francisco Granados "difamatorias sin pruebas, como estrategia de defensa, deben ser rechazadas y merecerían una sanción".
Pero, según ha criticado la presidenta autonómica, lo que la Justicia rechaza ha sido aceptado "sin pudor" por la comisión de investigación. "Las declaraciones machistas y difamatorias sobre las que no ha aportado ningún prueba han servido de coartada para hacerme comparecer", ha sostenido.
Y es que, la dirigente madrileña nunca pensó que las acusaciones de Granados podían "llegar tan alto como para que los partidos políticos se convirtieran en sus portavoces en el Congreso" ni que la Cámara baja podía llegar "tan bajo como para ponerse al servicio de una persona así".
Cifuentes ha insistido en que el interés de los partidos por "sacar rédito político a cualquier precio" ha supuesto que esta institución se ponga "al servicio de la estrategia de un supuesto delincuente" así como al "servicio de la estrategia de los partidos que han visto una oportunidad de hacer marketing político, linchando a un adversario".
La presidenta del PP de Madrid ha recordado que, en la comisión, los diputados "van a decir cosas y van a hacer difamaciones que si las dijeran en la calle, serían objeto de querella criminal inmediata". "Pero, en la comisión no es posible, porque usan y abusan de una situación de privilegio", ha incidido a continuación.
Cifuentes cree que los portavoces de todos los grupos políticos, excepto del PP, van a tener "el dudoso honor de convertirse en portavoces de las infamias de un presunto delincuente, cuyas permanentes contradicciones y falsedades le desacreditan por completo".
"El resultado final es que hoy, lamentablemente, me temo que el Congreso de España, no va a ser el Congreso de España, sino el Congreso de un presunto delincuente con nombre y apellidos", ha concluido.
A su vez, Cifuentes también ha defendido que no intervino en "ninguna de las decisiones de Fundescam", fundación vinculada al PP supuestamente utilizada para financiar ilegalmente al partido, en la que entró en febrero de 2005 y estuvo hasta 2008. Asegura que se limitó a "aceptar el cargo y participar en una Junta en la que se modificaron los Estatutos".
"No intervine en ninguna de las decisiones de la fundación y específicamente mucho menos en la toma de decisiones", ha defendido la dirigente madrileña ante la preguntas del diputado del PSOE Artemi Rallo.
El parlamentario socialista ha abierto el turno de intervenciones citando todos los cargos que ha tenido Cifuentes en el PP de Madrid y ha indicado que nadie como ella para ilustrar "la historia, la trastienda y los cambalaches" del partido. Para el socialista, es difícil que a la presidenta se le haya escapado "el más mínimo detalle".