Los abogados del despacho Lewis Baach Eric Lewis, Manuel Varela y Aaron Wolfson, que trabajan para los accionistas mayoritarios de la Banca Privada de Andorra (BPA), Higini y Ramón Cierco, han lamentado el "tratamiento dispar" de la justicia andorrana con ellos y la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, según una carta remitida al Consell Superior de Justicia de Andorra, recogida por Europa Press.
Consideran que el registro que les han hecho a raíz de la demanda de los Pujol fue poco profesional e ilegal, por violar el secreto de la comunicación abogado cliente y por afectar a otras comunicaciones privadas, según publica este jueves 'El Confidencial'.
Los abogados han citado de ejemplo de este diferente trato que, hace un año, Higini Cierco denunció bajo juramento la extorsión ilícita cometida por las autoridades españolas y este gobierno no hizo nada, mientras que en el caso de la demanda de los Pujol contra ellos por filtrar documentos supuestamente confidenciales han dado lugar a varias diligencias de investigación.
Aseguran que el registro al que sometieron los domicilios y oficinas de los Cierco a raíz de la demanda de la familia Pujol es un "intento de intimidar" para que dejen de colaborar en la investigación y que fue desproporcionado.
Según los Pujol, los Cierco aportaron a los investigadores españoles documentación de forma irregular entre la que había un documento en el que se nombraba a Marta Ferrusola como la "madre superiora", que aseguran que es un fotomontaje.
Los Cierco creen que el registro policial muestra el "abandono del estado de derecho y la propensión a la violación de los derechos" de la Constitución de Andorra y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
"El sistema judicial andorrano está demostrando estar infectado por el favoritismo político, la arbitrariedad y la falta de respeto de los derechos" garantizados en el CEDH, por lo que piden al Consejo Superior de Justicia intervenir de inmediata para que les devuelvan sus pertenencias y se garantice la confidencialidad de los materiales.
Puntualizan que en el registro participó un funcionario que es hijo de un abogado de los Pujol, lo que plantea un "obvio conflicto de intereses", y que la mayoría de las 38.000 comunicaciones incautadas no tienen nada que ver con las acusaciones de los Pujol.
Avisan de que "no puede tolerarse que este abuso de autoridad quede sin ser subsanado" y manifiestan su voluntad de recurrir a organismos internacionales para asegurarse de que Andorra deja de tratar a sus ciudadanos con tal menosprecio por la ley, según sus propias palabras.