Así lo ha manifestado en titular de Justicia en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, donde ha asistido a la firma del 'Memorando de entendimiento para la unificación de las Cortes de Arbitraje existentes en España'. Catalá ha enfatizado que este acuerdo va a crear "en poco tiempo" una corte de arbitraje que competirá con las "más afamadas en Europa y en el Mundo", como las de Londres y Nueva York, que fomentará la "atracción de inversiones y creación de riqueza".
En este sentido, el ministro ha señalado que la seguridad jurídica es la "base de cualquier operación de carácter empresarial y económica y el sostenimiento del Estado del Bienestar y el desarrollo económico". Preguntado sobre si esta seguridad jurídica se está viendo afectada en Cataluña ante la situación independentista, el ministro ha afirmado que la "crisis" catala no es sólo un problema político, sino también económico.
"Está teniendo impacto también, lo estamos viendo todos en cuanto a la pérdida de inversión, de turismo, el consumo", ha explicado. Catalá ha continuado diciendo que el secesionismo supone "una gran amenaza a nuestro modelo de convivencia", a la "estabilidad constitucional" y al "régimen de derechos y libertades".
Asimismo, ha agregado que en los "último meses" se ha vivido una situación de "tensión" y "tanto dolor" debido a que se ha "generado una ruptura en la sociedad catalana que nunca se debía haber producido". Una situación de la que ha responsabilizado a la Generalitat dirigida por el expresidente Carles Puigdemont, huido en Bruselas (Bélgica).
Por ello, ha confiado en que los comicios del 21 de diciembre en Cataluña, convocados a tenor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sirvan para que la situación descrita sea una "etapa superada" y que en el futuro Cataluña vuelva a ser la que se ha "conocido siempre: una Cataluña próspera, dinámica, creadora de riqueza en España y en Europa".
"Ojalá que las elecciones del próximo jueves sirvan para formar un nuevo Parlamento y un nuevo gobierno que camine en la dirección del cumplimiento, de las obligaciones de cualquier gobierno, que no son otras más que atender el interés general de los ciudadanos, fomentar el bienestar social, cumplir con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes", ha concluido.