La defensa de la consellera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs, ha presentado este lunes un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en que acusa a la Fiscalía de haberse querellado contra ella "con finalidades claramente intimidatorias".
"No pretende esclarecer y castigar actos ya cometidos, sino conductas que todavía habrían de realizarse", sostienen los letrados de Borràs en su recurso de súplica, al que ha tenido acceso Europa Press, y en que alegan que no se le puede investigar por unas urnas que ni se han comprado.
Acusan a la Fiscalía de hacer un uso preventivo del derecho penal que vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, "donde se establece bien claramente que una persona sólo puede ser castigada por acciones u omisiones ya cometidas".
Consideran que este supuesto uso preventivo del derecho penal, dirigido a impedir lo que supuestamente alguien hará en el futuro, "es incompatible con las premisas básicas del derecho penal" que impiden castigar a alguien por sus ideas, pensamientos o supuestas intenciones.
"El procedimiento penal se ha de investigar y eventualmente castigar hechos pasados y no es legítimo atribuirle finalidades policiales de prevención del delito basadas en juicios de intenciones", alegan los letrados de la defensa.
Insisten en que resulta "absolutamente prematura y precipitada" la admisión de la querella, aunque fuesen ciertas las responsabilidades que la Fiscalía atribuye a Borràs y al ya exsecretario general de la Consejería de Gobernación, Francesc Esteve.
El TSJC abrió la semana pasada una investigación a Borràs y a Esteve por la licitación de compras de urnas, que supuestamente se usarán para el referéndum independentista del 10 de octubre.
"INDICIOS SUFICIENTES"
El tribunal consideró que hay "indicios suficientes" para admitir a trámite la querella que la Fiscalía presentó contra ellos por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación continuada y malversación de fondos públicos.
La Fiscalía recuerda que Borràs, con la intención de celebrar un referéndum, dictó un acuerdo marco para el suministro de urnas, que fue firmado por Esteve: la licitación, con un valor estimado del contrato de 200.000 euros, era para dos clases de urnas --unas transparentes y otras de cartón--.
Aunque este acuerdo marco no contempla la inmediata disposición de fondos públicos para las urnas, sí alude a que el "pago a las empresas contratistas se efectuará contra prestación de factura" a la Consejería de Gobernación.
La querella sostiene que ninguna ley en que se ampara este acuerdo marco para el suministro de urnas puede servir de apoyo a la intención de hacer un referéndum, que la Fiscalía sostiene que es el motivo que les ha llevado a licitar las urnas.