La moción, que ha contado con el respaldo de los cuatro grandes partidos políticos, insta al Gobierno a impulsar un Pacto Nacional por el Transporte y las Infraestructuras Estratégicas, que modifique y actualice el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda vigente.
Este acuerdo político, recoge la moción, deberá ser fruto de un proceso participativo y cumplir con los objetivos de "reducir costes, mejorar la eficacia y la sostenibilidad", optimice la utilización de las infraestructuras existentes, impulse la intermodalidad y potencie el transporte de mercancías.
La iniciativa pide tener en cuenta para la definición de este pacto la rentabilidad social, económica, financiera, la cohesión social de la mayoría, la sostenibilidad medioambiental que y se ejecute bajo los principios de transparencia y evaluación continua. "Todo ello de un modo coherente con la Red Transeuropea de Transporte definida por la Unión Europea", apostilla.
Asimismo, también recoge la petición de Ciudadanos de incluir una evaluación de este hipotético acuerdo, pues llama a definir los organismos encargados de ello "en forma de Observatorio y/o Oficina Nacional de Evaluación".
UNANIMIDAD POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
Estos cuatro grandes partidos también han respaldado en bloque otra iniciativa referida al transporte público, en esta ocasión sobre los criterios de sostenibilidad, también presentada por los 'socialistas'. El PSOE ha aceptado enmiendas de todos ellos para acabar sometiendo a votación un texto conjunto que se ha aprobado por unanimidad.
En ella se llama a "garantizar el derecho social a la movilidad tanto en el ámbito urbano, como rural e interurbano de forma sostenible". Asimismo, la iniciativa insta a continuar la aplicación de las nuevas tecnologías al sistema de transporte pública y a seguir potenciando la figura de los consorcios de transporte y el desarrollo de un nuevo mapa de concesiones en el que se profundice la intermodalidad entre los diferentes medios de transporte.
Por último, la transaccional incluye pedir una auditoría pública de los contratos vigentes con las empresas concesionarias y el establecimiento de tarifas especiales para personas en riesgo de exlusión social.