La magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, imputa al propietario de la mediadora Uniter presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida, asociación ilícita, cohecho, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
En el auto de prisión, la instructora considera que "existen sólidos indicios" contra González Mata y señala que, entre 2001 y 2010, participó "de manera activa en la utilización ilegítima de fondos públicos mediante el concierto necesario con los responsables de la Consejería de Empleo, fundamentalmente con los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y el consejero de Empleo, antes viceconsejero, Antonio Fernández", todos ellos imputados en esta causa.
La juez añade que, "en este ilícito uso de fondos públicos, tendría también una actuación decisiva junto al inculpado representantes de los sindicatos UGT y CCOO, tanto de contacto como de información previa sobre las empresas en crisis, de facilitación del proceso y de remuneración posterior, ya en este caso por parte de Uniter, o de la propia empresa, así como el despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís".
Centrándose en los sindicatos, la magistrada reitera que, según datos bancarios y fiscales, González Mata habría destinado a través de sus empresas 3,2 millones de euros a ambas organizaciones sindicales, mientras que Vitalia habría destinado 4,2 millones, a lo que hay que sumar 104.400 euros aportados por Estudios Jurídicos Villasís, lo que supondría una cantidad total de 7,6 millones de euros.
El papel de los sindicatos
A su juicio, Uniter realizó "pagos periódicos a los sindicatos UGT y CCOO, los cuales se verificarían de manera fraccionada a través de distintas entidades y no responderían a ningún concepto definido y efectivamente soportado, pues los mismos no prestarían ni facturarían ningún servicio a Uniter que los justificara", añadiendo que ambos sindicatos "habrían impuesto, de manera arbitraria e ilegítima, tales pagos como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial".
Estos pagos, según Alaya, "recaerían sobre Uniter como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial, como en otros casos lo exigirían de las empresas que promovían los ERE", de manera que, "además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales", los sindicatos citados "encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma de financiación irregular".
En el auto, la juez también hace alusión a una serie de "pagos directos" a Guerrero a través de dos asientos incluidos en la contabilidad de Uniter "que reflejarían pagos de 25.000 y 75.000 euros con el concepto 'J.Guerrero', tratándose de dos cheques que serían cobrados por la empresa Andalucine, relacionada societariamente con la entidad Producciones Barataria, perteneciente a la hermana de la delegada provincial de Medio Ambiente en Sevilla y que en 2005 recibiría una subvención de más de 300.000 euros".
Cobraban como "auténtica medida de presión"
El exdirector de Vitalia Antonio Albarracín, imputado en la causa de los ERE irregulares, ha declarado que el pago realizado por la mediadora a los sindicatos en concepto de comisión "es una auténtica medida de presión", ya que estas organizaciones sindicales se personaban en la empresa y decían "que se van a negar a firmar el acuerdo de reestructuración y prejubilación" si ellos "no hacen otros costes actuariales de contraste o no revisaban los mismos", un estudio de contraste por el que tanto UGT como CCOO cobraban una comisión del 0,5 por ciento.
Albarracín ha asegurado que las empresas "le exigían a la mediadora que le pagase ese importe y no tenían más opción: o lo pagabas o no hacía la operación", añadiendo que "esto no sólo ocurría en Andalucía, sino en toda España, teniendo que soportar las comisiones" las entidades mediadoras, según el acta de su declaración.
CCOO niega haber cobrado por algo ilegal
El secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, ha vuelto a negar este miércoles que su sindicato haya cobrado "un solo euro por algo ilegal", y "mucho menos en relación a cualquier factura" de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados con dinero autonómico, y ha advertido de que "si se le llama 'conseguidor' a buscar que los trabajadores salgan de las empresas en las mejores condiciones, lo mejor que se puede hacer es ilegalizar a los sindicatos", porque éstos, ha añadido, "no van a renunciar nunca a defender los intereses de los trabajadores".
Frente a lo que sostiene la juez sobre la "actuación decisiva" que habrían tenido tanto UGT como CCOO en el "ilícito uso de fondos públicos", el secretario general de CCOO-A ha reiterado que su organización "absolutamente nunca ingresó un solo euro por nada ilegal, y mucho menos en relación a cualquier factura de los ERE".