En un comunicado, el Gremio ha recordado que la libertad de expresión está reconocida en el artículo 20 de la Constitución y ha defendido que sus agremiados "han tenido siempre la voluntad de cumplir con la legislación vigente".
Han explicado que las empresas del sector gráfico realizan habitualmente impresiones de material destinado a publicidad institucional, campañas electorales y propaganda política, por lo que el trabajo realizado por los asociados afectados se enmarca dentro de esta actividad y es ajeno al contenido de los documentos que se imprimen: "En ningún caso --las empresas gráficas-- son responsables de los contenidos ni hacen ningún examen de legalidad de los mismos".