Así lo ha señalado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que, según estos cálculos, la norma podría elevar el PIB un 0,15% al año (1.500 millones).
La nueva ley, según Sáenz de Santamaría, "no perjudica a nadie y beneficia a todos" y es una de las reformas "más importantes" incluidas en el plan nacional enviado a Bruselas, con la que el Gobierno busca elevar la competitividad de la economía y desbrozar la maraña normativa en España.
Para conseguirlo, permitirá que los operadores económicos apliquen su legislación de origen para operar en todo el país, sin tener que recurrir a especificaciones diferentes o permisos especiales al operar en una comunidad autónoma concreta. "Se basa en un principio de confianza mutua", ha dicho.
Además, favorecerá la creación del Consejo Nacional de Unidad de Mercado, que intentará que converjan las diferentes regulaciones autonómicas basándose en un principio de colaboración y en la búsqueda de elementos de control y supervisión entre administraciones.