El TSJM dictaminó el derecho de una extrabajadora interina del Ministerio de Defensa a recibir la indemnización equivalente a la que le correspondería a un empleado indefinido despedido por causas objetivas. La sentencia destaca la desprotección del personal interino y el abuso que todas las Administraciones Públicas hacen de la contratación temporal.
En este contexto, Borra ha destacado que desde que se produjo esta sentencia ya han recibido centenares de preguntas de empleados públicos que podrían estar afectados por lo que ha establecido la misma.
La sentencia se refiere al conjunto de los empleados públicos cuya relación es temporal, sea cual sea el contrato, ha afirmado el sindicato, tras recalcar que el Ministerio de Hacienda tiene mucho que decir, puesto que han pasado "muchísimos" años sin que se hiciese una oferta pública de empleo "realista" y sin que se contestase a las necesidades de los ciudadanos.
Según cálculos de CSIF a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el conjunto de las administraciones públicas hay cerca de 276.800 personas que ocupan un puesto temporal para cubrir la ausencia total o parcial de un trabajador.
La interinidad es por tanto cercana al 11%, aunque en algunos sectores como la Educación, la Sanidad o la Justicia alcanza el 20%. Por otro lado, ha apuntado que la contratación de interinos se ha disparado en los últimos tres años, con 81.400 personas más en esta situación respecto al segundo trimestre de 2013.
Concretamente, la Administración refleja una pérdida de 7.741 puestos de trabajo en septiembre, la mayor reducción de empleo en lo que va de año, según CSIF, al igual que en el sector de las actividades sanitarias y servicios que arroja la "peor" cifra registrada en septiembre de los últimos cuatro años. Sin embargo, la educación ha recuperado en el mes de septiembre 61.555 contratos de los 202.300 que se perdieron en verano.
Para Borra, las administraciones públicas abusan "de manera constante" de la contratación temporal. Asimismo, el presidente de CSIF ha apuntado que tienen constancia de que ha habido otras tres preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Dos de ellas proceden del País Vasco y otra, de Madrid.
Por este motivo, desde el sindicato plantean la convocatoria "urgente" de la mesa general de las Administraciones Públicas para analizar las consecuencias jurídicas de la sentencia y para llevar a cabo las modificaciones legales.
Además, también se reunirá durante la próxima semana con el portavoz del grupo parlamentario popular del Congreso, Rafael Hernando, para trasladarle la información sobre este tema y reclamar que se adapte la normativa y responda a lo dictaminado en la sentencia.
No obstante, Borra ha destacado que todos los partidos han asumido y ven las "dificultades" que hay con el exceso de la tasa de temporalidad en las Administraciones Públicas. "Todos los empleos que se perdieron durante la crisis ya no existen por el abuso de la temporalidad", ha recalcado.
El inicio de una campaña informativa a sus delegados sindicales para explicar las consecuencias de las sentencias es otra de las iniciativas que el sindicato llevará a cabo. Por otro lado, CSIF ofrece su asesoría jurídica para analizar los conflictos por la situación de interinidad que previsiblemente de producirá en las administraciones españolas.
Así, también ha recordado que el personal laboral, sujeto al Estatuto de los Trabajadores, pueden reclamar si no ha pasado un año desde el despido, mientras que los funcionarios y estatutarios, es decir todos los trabajadores que prestan su servicio en el Sistema Nacional de Salud, tendrán hasta 4 años.
Desde CSIF, se recomienda que ante cualquier duda se acuda a cualquiera de sus delegaciones o sedes para tener una consulta en asesoría jurídica que les dirá si se tiene derecho a la indemnización o si procede demandar, entre otras cuestiones.