La reforma de la administración local que impulsa el Gobierno dejará al 82 por ciento de los concejales del país sin sueldo, así como a los alcaldes de municipios menores de mil habitantes. Los ingresos del regidor de las ciudades de más de 500.000 habitantes no podrán superar a los de un secretario de Estado, nómina que irá bajando por tramos de población hasta los municipios de mil a dos mil vecinos, cuyo alcalde cobrará un 20 por ciento de esa cantidad.
El sueldo medio bruto del secretario de Estado es de 100.000 euros, por encima del presidente del Gobierno o de un ministro.
Ante el temor que que muchos concejales dejen de serlo al no cobrar un salario, el ministro Montoro ha dicho que hay muchos ciudadanos que se implican en la vida pública de su municipio "por ideas y por ideales" y que ya hay muchos concejales que compatibilizan la función pública con otra actividad privada.
Solo 12.000 concejales cobrarán en España. Por ejemplo, la ciudad de Madrid pasará de tener 57concejales a 45 con retribución y Barcelona de 41 a 32 con sueldo.
Reparto de competencias y sueldos de funcionarios
El texto fija la lista de competencias propias de los municipios y la desaparición de las llamadas impropias, aquellas de titularidad autonómica que los ayuntamientos venían ejerciendo. A partir de ahora, esto sólo podrá ocurrir cuando esa competencia vaya acompañada de financiación suficiente y si la autonomía no la paga en tiempo, Hacienda le descontará el dinero de su participación en los ingresos del Estado.
La norma contendrá también importantes novedades para la vida municipal, como una limitación en el salario de sus funcionarios, fijada cada año en los Presupuestos del Estado, o el regreso de interventores y secretarios al cuerpo de funcionarios estatales, lo que concederá independencia a la gestión financiera municipal.
Algunas Mancomunidades podrían deasparecer
Además, todas las entidades locales y sus empresas y organismos deberán cumplir unos estándares de calidad y de eficiencia, y rendir cuentas en tiempo y forma. Las que no cumplan estos parámetros, o desaparecerán (mancomunidades y sociedades municipales) o deberán ceder sus competencias a las diputaciones (para los municipios de menos de 20.000 habitantes).