No obstante, el comisario de Empleo, László Andor, pedirá a los Gobiernos que los nuevos fondos se sumen, y no sustituyan, a los recursos financieros que los Estados miembros tenían previsto invertir contra el paro juvenil.
Bruselas espera que la 'garantía juvenil' esté ya plenamente en marcha desde 2014 y se adelante incluso en los países con una mayor tasa de paro juvenil. En todo caso, se trata de una recomendación no obligatoria, aunque el Ejecutivo comunitario podría exigir medidas a los Estados miembros más afectados, como España, en el marco de sus directrices de política económica.
En representación de España -cuya tasa de paro juvenil, del 55,6%, es la segunda más alta de la UE- acudirá a la reunión la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
El Gobierno considera que la aprobación de la 'garantía juvenil' de la UE no le obligará a tomar nuevas medidas, ya que sostiene que el contenido de esta iniciativa ya está incluido en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven negociada con los agentes sociales, según han explicado fuentes españolas.
Báñez ha anunciado que la Estrategia estará dotada con 3.500 millones de euros, de los cuales el 30% procederá del fondo social europeo. España recibirá además 918 millones (casi el 30% del total del dinero nuevo) del fondo de la UE contra el paro juvenil.
El sistema de 'garantía juvenil' ya existe en países como Finlandia, Suecia y Austria, y la Comisión lo considera un éxito.
Bruselas propone a los Gobiernos que seis directrices: establecer acuerdos de colaboración entre servicios de empleo públicos y privados, agentes sociales y organizaciones juveniles; garantizar la intervención temprana; mejorar las medidas de inserción profesional; utilizar la financiación de la UE; revisar continuamente el funcionamiento del sistema; y ponerlo en marcha lo antes posible.
Alrededor de 5,5 millones de jóvenes (el 23,4%) están en el paro en toda la UE y 7,5 millones ni estudian ni trabajan. El coste económico de no integrar a los jóvenes en el mercado laboral asciende a 150.000 millones al año, o el 1,2% del PIB comunitario, según Bruselas. En España, el coste se sitúa en 15.700 millones, el 1,47% del PIB.