El Gobierno ha presentado al Consejo de Ministros un informe con sus propuestas para reformar la Seguridad Social. En él, además de elevar la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años, abre la puerta a posibles cambios en el periodo de cálculo de la pensión, ampliándolo más allá de los 15 años actuales.
El Ejecutivo sugiere a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, a la que enviará este informe, la puesta en marcha de "reformas paulatinas, con periodos transitorios prolongados" que permitan la mejora de la equidad del sistema y eviten los "agravios" que sufren los trabajadores despedidos en el último tramo de su vida laboral.
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha reconocido abiertamente que el Gobierno cree que una de las líneas de actuación de la reforma debería ser la de ampliar el periodo de cálculo porque el actual periodo, 15 años, perjudica a los que se quedan en el paro al final de su vida laboral.
"Estas medidas buscan el equilibrio interno y externo del sistema. Los nuevos procedimientos supondrán un mayor equilibrio, aumentarán las pensiones que guardan una relación insuficiente con las aportaciones producidas y exigirán mayores aportaciones cuando la desproporción sea desfavorable a éstas", apunta.
La jubilación, más lejos
Siguiendo el camino emprendido por otros países, el Gobierno propone elevar desde los 65 a los 67 años la edad legal u ordinaria de jubilación, "paulatinamente y a lo largo de un periodo de tiempo razonable".
El Gobierno sitúa la fecha para el inicio de esta subida gradual de la edad de retiro en el año 2013 y, según ha explicado la vicepresidenta económica, Elena Salgado, la idea es que se llegue a los 67 años en 2025, elevando cada año en dos meses la edad ordinaria de jubilación.
También en materia de jubilación, el Ejecutivo aboga por limitar las reducciones de plantilla en las empresas con beneficios e imponer a las empresas parte de los sobrecostes que implica la expulsión temprana de los trabajadores del mercado laboral. Esto concuerda con el deseo del Gobierno de poner coto a las prejubilaciones.
Asimismo, apuesta por eliminar las formas de uso indebido del despido como forma de acceso a la jubilación anticipada; fomentar la jornada flexible durante los últimos años de vida laboral para evitar una "brusca transición" entre actividad y jubilación; e incrementar paulatinamente y universalizar la edad mínima legal de jubilación en los 52 años.
Pensión de viudedad
En la pensión de viudedad, el Gobierno destaca la conveniencia de estudiar si en los casos de convivencias familiares breves y sin descendientes, en vez de una pensión vitalicia, se asigne una indemnización en pago único o una prestación temporal.
Asimismo, propone analizar la posibilidad de establecer una relación más flexible entre las rentas de trabajo y la pensión de viudedad para mejorar la situación de los pensionistas que perciban una única renta.