La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha anunciado que los incidentes producidos durante el derribo de varios inmuebles en el barrio del Cabanyal se saldaron con ocho policías locales heridos y que este Cuerpo ha denunciado un posible delito de desacato del PSPV.
Barberá ha hecho estas manifestaciones preguntada por los periodistas sobre el enfrentamiento entre vecinos y la Policía a causa de los derribos en el Cabanyal.
La Policía Local ha presentado ante el juzgado el atestado que levantó sobre los hechos ocurridos, por un presunto delito de desacato cometido "por los que precisamente deberían dar ejemplo, que tienen su cauce de discrepancia en el hemiciclo y que votaron que sí a la moción para paralizar sólo los derribos en la zona BIC", ha señalado Barberá en relación al grupo municipal socialista.
Amparados en la legalidad
La alcaldesa, que ha defendido "la actuación ejemplar" de los agentes de la Policía Local durante los derribos, ha informado de que si el juez abre la causa y ve indicios de delito, "el Ayuntamiento se personará" en ella.
Barberá ha defendido que los derribos "están amparados en la legalidad" por la aprobación del PGOU, por la ley aprobada por Les Corts "de rango mayor a la orden ministerial", por las resoluciones judiciales que desestimaron las medidas cautelarísimas contra las demoliciones, por las licencias de derribo y por un acuerdo plenario.
Seguirán los derribos
El Ayuntamiento de Valencia continúa con la ejecución del plan de reforma interior del barrio del Cabanyal y ultima los trabajos de demolición de un nuevo inmueble que se une a los cinco que se derribaron el pasado martes en contra de una tensa oposición vecinal. Fuentes municipales han confirmado que los operarios continúan en el barrio para concluir el trabajo de demolición de una vivienda en el número 31 de la calle de Francisco Eiximinis, de la cual no se tuvo conocimiento en la jornada de ayer.
A primera hora del martes, las excavadoras demolieronel edificio de las calles de San Pedro, 39 y Luis Despuig, 26, después de que un grupo de vecinos fuera desalojado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía cuando se encontraban "abrazados" a la vivienda.
Tras esa demolición, las máquinas y los operarios se trasladaron al número 15 de la calle de Vidal de Canellas, donde la resistencia vecinal se hizo más fuerte y desembocó en altercados entre la Policía y los vecinos y políticos que trataban de evitar un nuevo derribo en el barrio.
A primera hora de la tarde, ya sin apenas presencia vecinal, las palas excavadoras continuaron los derribos en un edificio con fachada en las calles de Luis Despuig, 98 y San Pedro, 105, en el que según fuentes municipales, los operarios todavía continúan los trabajos para concluir la demolición.
En total han sido seis las demoliciones realizadas en el barrio del Cabanyal y todavía hay pendientes dos licencias de derribo aunque, de momento, según las mismas fuentes, "no habrá derribo porque está pendiente el realojo de algún vecino".
Exigen responsabilidades
La dirección de Esquerra Unida ha exigido este miércoles al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, que "depure responsabilidades" por la actuación del Cuerpo Nacional de Policía en el dispositivo de seguridad y desalojo que acompañó a los derribos de viviendas de ayer martes en el Cabanyal.
Estas exigencias se suman a una carta que ha enviado el coordinador de IU, Cayo Lara, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, donde denuncia las agresiones sufridas por cargos públicos y orgánicos de esta formación, y se pregunta "por qué no se utilizan" las fuerzas de seguridad para defender la orden del Ministerio de Cultura que paralizaba estos derribos.
La coordinadora de EU, Marga Sanz -quien ayer denunció a la Policía Local por las lesiones sufridas durante uno de los desalojos policiales-, ha reconocido en rueda de prensa no entender la actuación de Peralta, quien a su juicio deberá dar una explicación pública por la actuación del Cuerpo Nacional de Policía frente a unos vecinos que actuaron "de forma cívica".
Por su parte, el coordinador de EU en Valencia, Amadeu Sanchis, ha exigido al concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Domínguez, la destitución "inmediata" del responsable de la comisaria de la Policía Local en el distrito Marítimo por haber ordenado una actuación que a su juicio es "ilegal".
Según Sanchis, es la primera vez que este cuerpo municipal "carga y golpea a representantes públicos" y si Domínguez no toma ninguna decisión al respecto se convertirá en responsable de una actuación "arbitraria" y que coloca a la Policía Local en una "situación imposible y la descalifica como la menos democrática" de España.
Dos personas detenidas
Dos personas permanecen detenidas desde ayer en los calabozos del cuartel de la Policía Nacional de Zapadores en Valencia por su participación en los disturbios registrados durante los derribos en el barrio del Cabañal de Valencia, han confirmado fuentes policiales.
Los detenidos, dos hombres con edades de entre los 20 y 34 años, que han permanecido esta noche en las dependencias policiales, pasarán a lo largo de esta mañana a disposición judicial, según las mismas fuentes.
La detención tuvo lugar cuando, junto a un grupo de personas no identificado, los jóvenes trataban de oponerse a los derribos que el Ayuntamiento de Valencia efectuaba en el lugar el mismo día que entraba en vigor la ley autonómica que avala el plan municipal de reforma del barrio, pese a la orden ministerial que lo prohíbe por su riesgo de expolio y a la intensa protesta vecinal encontrada.
González-Sinde se pronuncia
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha considerado "triste" que los valencianos estén gobernados por una alcaldía "que no quiere proteger su patrimonio, que tiene tantísimo potencial, sino que lo que quiere es derribarlo y destruirlo en vez de construir". Ha explicado que desde el Ministerio trabajan en la conservación del patrimonio, ya que creen firmemente que es una vía de desarrollo económico positiva para las ciudades y pueblos de España.
Además, ha apuntado que está demostrado que la cultura y el patrimonio son una inversión "muy importante" para el cambio de modelo económico. Muestra de ello, informa, es el hecho de que el Ministerio de Cultura recibe "constantemente" peticiones de apoyo a la conservación y el aumento del patrimonio histórico en todas las ciudades de España, "salvo en Valencia", ha concluido.